El “default político” de Cristina y Kicillof

El país no se desbarrancó, ni tampoco se convirtió en la punta de lanza para reformular el sistema financiero internacional. Entre el escenario apocalíptico planteado por los “fondos buitre” y la epopeya política que pregona el Gobierno, se abre no obstante un espacio de incertidumbre sobre las consecuencias que deparará a la Argentina esta nueva crisis de su deuda externa, más allá de que se la considere como una cesación de pagos o una maniobra urdida por el “capitalismo salvaje”.
Esta etapa de indefinición podría extenderse hasta fin de año, que es la meta que se fijaron la presidenta Cristina Kirchner y el ministro Axel Kicillof para sentarse a negociar en serio en Nueva York, una vez que caiga la cláusula RUFO estipulada en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Porque hasta el momento, los hechos indican que la mandataria y el titular de la cartera económica no buscaron sellar un acuerdo de partes, como pretendía el juez estadounidense Thomas Griesa.
En cambio, la Presidenta y el ministro de Economía cargaron las tintas contra los “fondos buitre” -con un alto consenso doméstico y foráneo- y también contra el propio Griesa, en una acción que por primera vez le valió a la Argentina el apoyo de una parte de la prensa norteamericana, a juzgar por el contenido de diversos artículos publicados en The New York Times, Forbes y Foreign Policy. Todos acusaron al magistrado de forzar un default indeseado para la comunidad internacional.

Gestión desautorizada

En ese contexto, no resultó una sorpresa que Cristina Kirchner desautorizara la negociación encarada por los bancos privados nacionales, pese a que había obtenido originalmente el aval del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; y del titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Según trascendió, el acuerdo estaba prácticamente cerrado cuando la Presidenta mandó a Kicillof a dinamitar los puentes tendidos con los “holdouts”.
Ya estaba depositado en el DeutschBank de Nueva York, incluso, el primer pago de un cronograma establecido en las conversaciones. Pero el principal promotor de la movida, el banquero Jorge Brito, habría pecado de ingenuidad en términos políticos. ¿Cómo iba a permitir la Presidenta que un empresario quedara como un “San Martín” del siglo XXI?  La propia jefa de Estado lo dejó en claro el último jueves cuando invocó con ironía al prócer durante un mensaje por cadena nacional.
En ese acto, realizado en la Casa Rosada, estuvieron representadas 13 provincias que firmaron una nueva prórroga de tres meses para el pago de las deudas que mantienen con la Nación, entre ellas Buenos Aires.
Y llamó la atención la ausencia de cuatro distritos que eran parte de la refinanciación, como Neuquén, Río Negro, Mendoza y Chubut. No sería nada casual que sus gobernadores se oponen a la reforma del sector petrolero impulsada por el CEO de YPF, Miguel Galuccio.
El avance del Estado central sobre los recursos naturales de las provincias tendría como objetivo generar un clima propicio para la llegada de inversiones extranjeras, centradas especialmente en la potencialidad de Vaca Muerta.
La expectativa que provoca el desarrollo de ese yacimiento podría explicar también por qué las acciones de YPF se apreciaron pese a que la Argentina fue colocada en novedosa categoría de “default selectivo” por calificadoras de riesgo y entidades aseguradoras.
Como sea, la rebelión de esas cuatro provincias petroleras preocupa al Gobierno, a tal punto que el ministro de Planificación Julio de Vido hizo gestiones estando internado por una afección gástrica.
Tampoco se descarta que los legisladores nacionales de esos distritos -que integran o son aliados a los bloques del FpV en el Congreso- no acompañen la iniciativa oficial.
La controversia podría tener derivaciones políticas, cuando se preparan las campañas presidenciales de cara a 2015.

Posiciones políticas

Es que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se encuentra cada vez más cercano a Sergio Massa, mientras que sus colegas Francisco Pérez (Mendoza) y Martín Buzzi (Chubut), se encolumnaron con Daniel Scioli. El líder del Frente Renovador -que lanzará oficialmente su candidatura a fines de septiembre- consiguió en Neuquén el apoyo del jefe del gremio de petroleros privados, el senador Guillermo Pereyra, y del intendente de la capital, Horacio “Pechi” Quiroga.
También prepara el desembarco en el FR del diputado Martín Insaurralde, pero debe abocarse al mismo tiempo a la contención de otros dirigentes como Darío Giustozzi o el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, quien estaría recibiendo propuestas tentadoras de Mauricio Macri.
El alcalde porteño necesita poner un pie en el Conurbano para afianzar definitivamente su proyecto presidencial, como lo demostró ayer con su presencia personal en una recorrida de campaña.
Casi como por efecto espejo, Scioli cruzó el Riachuelo y desembarcó en la Capital, donde inició su carrera política en 1997. Al parecer, el equipo del Gobernador afinó la puntería y comenzó a replicar las críticas del macrismo, que desde principios de año puso la mira en la Provincia con las incursiones de María Eugenia Vidal. La corrección estratégica es significativa: las encuestas indican que Scioli y Macri se disputarían el ingreso a una segunda vuelta electoral el año próximo.
En la proyección de ambos quedan cosas por definir, que serán importantes para el electorado. En el caso de Macri, si podrá contar con el apoyo de al menos un sector de Unen, como lo propuso ayer Elisa Carrió, para disgusto de los sectores progresistas de esa alianza político-electoral opositora. A su vez, Scioli deberá explicitar su integración con el kirchnerismo duro. ¿Permitiría el Gobernador que Kicillof fuera su compañero de fórmula? Algunos ya lo promueven en el universo oficial.
En su momento, Scioli aceptó la designación de Gabriel Mariotto, quien ahora se convirtió en uno de los tantos anotados del oficialismo en la carrera por sucederlo en la Gobernación.
El titular del Senado bonaerense dio que hablar en la semana por su referencia al “pancután” para poner las manos en el fuego por Amado Boudou, el Vicepresidente procesado que viajará a Colombia y luego a México para no tener que presidir la sesión del Senado y afrontar el escarnio de la oposición.
Otra reflexión de Mariotto -al enterarse de la muerte de Julio Grondona- pasó inadvertida pero fue todo un reconocimiento: admitió que sin el aval del mandamás de la AFA al programa Fútbol para Todos, no habría sido posible instalar en la sociedad el debate que terminó con la sanción de la Ley de Medios.
Esa alianza -entre un Gobierno que se reivindica “nacional y popular” y un caudillo emergido del conservadurismo bonaerense- fue posible gracias al dinero que mueve el fútbol.

Caso Tevez

Por ese mismo factor es que se produjo el resonante secuestro del padre de Carlos Tévez, que puso otra vez sobre la mesa esa modalidad delictiva a la que los especialistas denominan “express”, porque no los llevan a cabo bandas preparadas para ello sino delincuentes que los ejecutan “al voleo”. De todos modos, el Gobierno provincial anunció que mañana pondrá en marcha una superintendencia antisecuestros de la Policía bonaerense con asiento en Vicente López.
La semana que está comenzando traería también novedades en el ámbito laboral, ya que el Gobierno nacional ultima los detalles para la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, en la búsqueda de dar otro paso -como el aumento otorgado a los jubilados anunciado el jueves- para apuntalar el consumo interno frente a una notoria retracción del nivel de actividad económica. Las estadísticas así lo reflejan, mientras comienzan a extenderse las protestas en el ámbito sindical.
De hecho, el jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, abrió las puertas a las comisiones de fábricas que responden a partidos de izquierda y que están enfrentadas a la conducción de gremios oficialistas, como el SMATA de Ricardo Pignanelli.
Pese a los desencuentros históricos entre ambos sectores, ya están analizando la convocatoria a un nuevo paro nacional, que buscará alertar sobre la existencia de suspensiones y despidos. Y denunciar la persistencia del proceso inflacionario.
En este escenario, las expectativas económicas no son las mejores para lo que resta del año. Y por cierto que no van a repuntar en medio de una nueva crisis de la deuda, más allá de que se la considere o no una cesación de pagos.
Frente a las dificultades, Cristina Kirchner y Kicillof optaron por implementar un “default político”, que le permite al Gobierno recuperar la iniciativa y dar tal vez su última batalla de proporciones antes del inicio de la campaña electoral por la sucesión.