La investigación por el presunto pedido de coimas de agentes de la Policía Federal al dueño de una financiera en un allanamiento en el que habrían invocado a la figura del juez federal Norberto Oyarbide, se encamina a determinar si existía un vínculo estrecho entre el magistrado, hoy bajo la mira, y una división de la fuerza.
La clave en la investigación que lleva adelante el juez federal Luis Rodríguez apunta a hurgar en los trabajos que el magistrado encargó a la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) en el marco de distintas investigaciones en los últimos años, que son muchas en comparación a la intervención que le otorgaron otros magistrados.
Fueron los agentes de la Difoc quienes allanaron el 19 de diciembre pasado la mutual Propyme del empresario Guillermo Greppi y, según éste, le pidieron un soborno a cambio de frenar el operativo mientras aseguraban actuar bajo órdenes de Oyarbide.
A raíz de ese hecho, por el que además el juez es investigado por frenar el operativo a raíz del llamado de Carlos Liuzzi, número dos de la Secretaría Legal y Técnica, en la causa ya hay 19 agentes de la Difoc imputados.
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