Las causas endógenas de la barbarie

Es tan vasto y tan cacofónico el barullo político argentino, que muy frecuentemente se pierde de vista lo central. En la Argentina se ha producido en estas últimas semanas una calamidad, de la que los medios y la sociedad se anoticiaron sólo parcialmente. Pasada la emergencia, el tema prescribió, como sucede con casi todo en este país. La prematura campaña presidencial, el ajuste económico y las reacciones ilegales contra la epidemia de criminalidad, pulverizaron el impacto de otra tragedia, que no trasciende largamente la actualidad y apunta al futuro del país.

Triste desenlace

La descomunal huelga docente en la provincia de Buenos Aires se saldó con el desenlace que desafortunadamente se había anticipado aquí (“El triunfo de los hechos consumados”, DIARIO DEMOCRACIA, domingo 30 de marzo de 2014): los 17 días de clase perdidos no serán recuperados. El año escolar bonaerense será de  unos escuálidos 166 días, no sólo lejos de los 190 días que alguna vez marcó el gobernador Daniel Scioli como meta, sino incluso distantes de los 180 que legal y efectivamente deben ser impartidos. No hay escapatoria a ciertos datos de la realidad. Las verificaciones confirman el triste predicamento argentino.
Ministro de Economía, de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y Secretario General de la Gobernación en administraciones peronistas, Alieto Guadagni recordó días atrás que “somos el país con menos horas de clase. Según la Unesco, nuestras horas de clase son de las menores del mundo.
Por ejemplo, en América Latina nuestros niños tienen menos horas de clase que los alumnos de Cuba, Chile, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y Perú. Un niño cubano o chileno con apenas cuatro años de escuela tuvo más horas de clase que un argentino en los seis años del primario”.
Pero se trata de una verdad parcial, un poco o bastante perdona-vidas, porque las cosas están peor aún, ya que esta situación argentina respecto de sus vecinos no incluye la reiterada violación del calendario escolar, una y otra vez salpicado de conflictos gremiales, y seriamente agujereado por un ausentismo importante que los docentes no quieren asumir como problema.
Además, Guadagni subraya que tampoco se cumple la obligación legal que dispone que por lo menos el 30% de los niños asista a escuelas de jornada extendida. Ese porcentaje apenas llega al 9%.

Desinterés militante

Tras conseguir absolutamente todo lo que pedían, los gremios docentes lograron que Scioli se desautorizase a sí mismo, reviendo su amenaza de no pagar salarios por días de huelga.
Tampoco aceptaron insinuaciones oficiales (en verdad, blandengues y poco convencidas) de que dieran clase los sábados o fuera del horario de lunes a viernes.
A cada demanda del gremio, la respuesta oficial fue aceptarla y rendirse. Ni las autoridades, ni las conducciones sindicales tienen respuesta o planteo razonable para dar cuenta de una realidad poderosa: la enseñanza estatal se ha ido licuando, en la Provincia y en el país.
Entre 2003 y 2012, “por primera vez en nuestra historia se fueron nada menos que 333.000 niños” dice Guadagni. ¿Razones? Durante los 17 días de huelga de los docentes estatales, las escuelas privadas abrieron y funcionaron. Perfecta ecuación de la regresividad social salpimentada con retórica “progresista”: los niños “privilegiados” tuvieron clases, mientras que los rehenes de la huelga se quedaron encerrados, viendo TV, jugando con la computadora o fabricando cebo. ¿Quién ganó en la década ganada y cómo impactará esa “goleada” educativa (17 a 0) en los más de tres millones de niños para los cuales ni gobierno ni sindicatos tuvieron piedad?
En la Argentina nunca se producen situaciones excepcionalmente luminosas. ¿Qué hubiera pasado si los caciques sindicales docentes, tras conseguir todo, hubiesen resuelto trabajar el miércoles 2 de abril, ese absurdo feriado nacional en el que se conmemora como feriado festivo el comienzo de la guerra de Malvinas?
Para los docentes, trabajar el 2 de abril tras 17 días huelga hubiera sido una decisión patriótica, apasionante y muy estimuladora de las mejores energías nacionales. Imposible en la Argentina.
La ley 25.864 promulgada por Néstor Kirchner en 2004 ordena en su artículo 1° que el ciclo lectivo anual debe contar con un “mínimo de 180 días efectivos de clase”. El artículo 2° es rotundo: “ante el eventual incumplimiento del ciclo lectivo anual, a que se refiere el artículo precedente, las autoridades educativas de las respectivas jurisdicciones deberán adoptar las medidas necesarias a fin de compensar los días de clase perdidos, hasta completar el mínimo establecido”. Como todo, letra muerta, norma escrita, no aplicada o inaplicable, en un país “al margen de la ley”, como lo llamó Carlos S. Nino en su libro así titulado. Con Cristina Kirchner como presidenta, el Consejo Federal de Educación extendió en 2010 el calendario escolar apuntando a la meta de 190 días. Inimaginable hoy.

Rehenes y privilegiados

Las vanguardias gremiales del híper ideologizado sindicalismo docente alegan que se pueden recuperar contenidos pese a las horas perdidas de clase.
Es falso, o al menos imposible de demostrar ahora mismo. Desde luego, ni falta hace advertir que más horas en la escuela no es para los niños sinónimo de mejor educación, pero ¿puede alguien garantizar que con menos horas no hay deterioro?
Es un problema político central para la Argentina, cuyo grupo gobernante es portador de un disco duro de clara impronta ideológica.
Para el kirchnerismo, la educación y todo lo que en torno de ella funciona, es una herramienta y una oportunidad al servicio de lo que llaman la batalla cultural. Esta “batalla” de y por los contenidos se libra en muchos terrenos, como lo demostró el reciente 2 de abril, una nueva oportunidad encarada por el Gobierno para seguir empapando de ideología los programas y las tareas de la actividad docente.
Un folleto distribuido masivamente por el ministerio de Educación a propósito de Malvinas retrata de cuerpo entero la impronta militante y partisana del modelo oficial. Absolutamente desinteresado de aportar a los niños y jóvenes elementos de formación que les permita desarrollar un pensamiento crítico, todo el peso de su gestión estatal recae sobre la “bajada de línea” y el adoctrinamiento puro y duro.
En ese marco, las horas y días de clase no son determinantes y la tarea de enseñar no es contemplada como actividad improrrogable y trascendente.
La ley que debería regular el derecho de huelga (artículo 24, Ley 25.877 de 2004) le quita al Estado y a la sociedad civil un instrumento decisivo para encarrilar conflictos y articular huelgas con otros derechos, igualmente legítimos, como es el derecho a aprender.
Esa ley de Kirchner enumeró tres hipótesis de huelga clasificadas en: (a) servicios esenciales; (b) servicios de importancia trascendental y (c) medidas interminables que atenten contra la vida, la seguridad o la salud del pueblo.
Los servicios esenciales quedaron encapsulados en una lista cerrada, mientras que las otras eventualidades exigen la burocrática y -de hecho- estéril decisión de una Comisión de Garantías, designada en 2006.
Es el paradigma del Estado “progresista” pero bobo. Para calificar a un servicio como de importancia trascendental, hay que proceder en cada caso por separado, hoy no, mañana si.
Esa ley no define a la educación como servicio esencial. Nada hubiera impedido que el ministerio de Trabajo de la Nación (ya sea de oficio, o a instancia de una de las partes) convocara a la aludida Comisión de Garantías para que la definiera como de importancia trascendental.
 Si eso hubiera sucedido, el Ministerio podría haber exigido a los huelguistas la prestación de servicios mínimos para salvaguardar, por ejemplo, el derecho de los alumnos a que se les dicten clases, adoptándose medidas legítimas para atenuar los efectos de la huelga. Nada de esto hicieron la Nación ni la Provincia.
Para el ex ministro de Trabajo de la Nación, José Armando Caro Figueroa, “cada uno de los actores de esta larga huelga que abrumó a alumnos, familias y docentes, actuó como si el derecho invocado (huelga o enseñanza) fuera absoluto y excluyente. Parecieron buscar la rendición del contrario antes que la armonización de los legítimos intereses en conflicto”.
Lo realmente tremendo es el acostumbramiento y naturalización de la Argentina a situaciones que depredan frontalmente las posibilidades de progreso y prosperidad. No ha sido ajena a esta impavidez la propia comunidad política opositora, que parece resignada a admitir que hasta el 11 de diciembre de 2015 nada puede cambiar en la Argentina. Se trata de una nefasta autoprofecía. Los países en concubinato deliberado con el atraso son los autores y responsables de su propia barbarie.