Las Policías Comunales, un salto al vacío
Las Policías Comunales serán un salto al vacío. No existe ninguna razón profunda, válida, comprobable, que garantice el resultado positivo de la reforma que se propone. Los municipios, aun los más grandes, no son entidades suficientemente sólidas para organizar, conducir y solventar esas fuerzas, las que también serán débiles pues carecerán de facultades consistentes para combatir el delito: se limitarán al patrullaje y la prevención en ámbitos caracterizados por una fuerte violencia, siempre en aumento.
Los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen un marco jurídico institucional antiguo e inadecuado (la Constitución provincial de 1934 y la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58) y muy graves dificultades de financiamiento. De ninguna manera se hallan preparados para cumplir la función policial. Están organizados por la ley para prestar los servicios urbanos básicos, y son sostenidos por tasas, tal como se los concebía en el siglo XIX.
El régimen legal de la Provincia atribuye la función policial exclusivamente al gobierno provincial (arts. 15 y 45 de la Constitución provincial).
Cuestión de vocación y de recursos
Son muy pocos los intendentes con vocación de policías (si no, hubieran ido a estudiar a la Escuela Vucetich) y cuentan con pocos funcionarios (o ninguno) con formación o experiencia para organizar y dirigir una fuerza policial, salvo ex policías o ex militares.
Los municipios se han hecho fuertes en estos años a los golpes de las crisis, con mucho trabajo, tratando de responder a realidades sociales urbanas de extrema complejidad: parecen fuertes pero su fortaleza no es real. Son gigantes con pies de barro.
Muchos gastan la mitad de su presupuesto solamente en recolectar la basura, un sistema cada vez más caro por muchas razones.
Merlo tiene para casi 600.000 habitantes un presupuesto total de $874.557.600. La Ciudad de Buenos Aires, con 3.058.309 habitantes, cuenta con un presupuesto de $40.549.912.585 (ambos para 2013), es decir 10 veces más presupuesto por habitante. Y véase la casi total ausencia de la llamada Policía Metropolitana, cuyos agentes parecen figuritas de carnaval.
Por supuesto que los municipios en general contribuyen a la tarea de dar seguridad a los habitantes. Merlo tiene una línea telefónica para denuncias anónimas, un centro de monitoreo de protección ciudadana, cantidad de cámaras de TV en la vía pública y 34 patrulleros en la calle, con una dotación de más de 150 agentes desarmados. Todo eso insume unos $20.000.000 por año, pagados con recursos Municipales.
Pero otra cosa muy diferente, es la creación, organización y sostenimiento de una policía armada municipal. Si se tratara de una simple fuerza sería policial para mirar y ordenar, tocando pito y redactando actas de multas, muchos municipios ya la tienen y con ella controlan el tránsito.
La experiencia mexicana
Se debería conocer y sopesar la experiencia de México, que hace tiempo viene sufriendo la peor violencia, y advertir cómo allí retroceden hacia el mando único policial y la concentración de las fuerzas policiales en cada uno de los Estados mexicanos, ante el fracaso de las policías comunales.
Dicen allí de las Policías Municipales: “Desvaloradas, ‘sin mística’ ni liderazgo, vulnerables, con carencias en armado y equipo, mal preparadas y peor pagadas, la mayor parte de las 2.022 policías municipales del país sufren la infiltración y acecho del crimen organizado.
La debilidad institucional y estructural es prácticamente el común denominador de estas corporaciones que agrupan a casi 170.000 elementos, señalan investigadores y expertos en seguridad pública”. (Francisco Gómez, Diario El Universal, México DF).
En los últimos años en México han sido asesinados por los narcotraficantes 34 alcaldes y 1.200 funcionarios. Claro, también en otros municipios de México hay alcaldes que cantan y graban “narcocorridos” y por supuesto no tienen problemas.
Las verdaderas soluciones pasan por otros canales. Entre muchas otras medidas necesarias puedo mencionar: políticas de Estado uniformes, consensuadas en todo el país, que combatan eficazmente la delincuencia; mejores códigos de procedimientos penales, adecuados más a la defensa de la sociedad que a la “garantía” de los delincuentes; mejores policías de investigación para desbaratar a las grandes organizaciones en que se sustenta el delito; equipamiento tecnológico para penetrar esas organizaciones, un más realista y ajustado control de la acción policial; un mayor compromiso de los órganos judiciales con su función específica; reformas sustanciales en la legislación penal de fondo.
Hacia el abismo, con alegría
En definitiva, lo que la provincia de Buenos Aires necesita es una reforma constitucional que garantice la autonomía de los municipios y su capacidad para alcanzar plenamente los objetivos propios de esta época.
Cuando en otros países vuelven asustados y frustrados sobre sus pasos, nosotros vamos alegremente hacia el abismo.
La solución no está en sacarse de encima el problema y tirarlo al escalón institucional más bajo.
Todos tenemos la obligación de reconstruir una sociedad más segura. Para ello hay que conocer y valorar muy bien las herramientas y aplicarlas en toda su verdadera amplitud y profundidad.n
(*) Intendente del municipio de Merlo