La constitucionalidad de la Ley de Medios que acaba de declarar la Suprema Corte de Justicia, con votos en minoría y disidencias parciales, salvo la de Carlos Fayt que fue total, será una decisión polémica, pero es obligatoria.
Sin duda, favorece a un gobierno que hasta el momento controla el 80 por ciento de la información. Para los ciudadanos comunes poco importa la puja entre el Gobierno y una empresa periodística determinada, en este caso Clarín. Lo que importa es saber qué margen quedará para la prensa crítica. Por lo vivido hasta el momento no hay muchos indicios que permitan conducirnos al optimismo.
OPINIÓN
COMENTARIOS