El gobierno aguardaría el regreso de Cristina Fernández tras su operación, ya superados los comicios, para decidir si empieza a aplicar remedios amargos aparentemente inevitables con el fin de resolver inconsistencias capaces de erosionar las bases del modelo económico.
La alternativa sería tratar de estirar la toma de decisiones de fondo y dejarle una olla de agua hirviendo a la próxima administración, pero esa lógica no respondería a las dotes de estadista con las que espera ser recordada la Presidenta.
La jefa de Estado ya dijo que no ajustará ni devaluará, pero la realidad es que el ajuste y la depreciación del peso se están dando de facto, por la inflación y la disparada del dólar blue, y ya son varios en el gobierno los que piensan que sería mejor administrar desde el poder político cómo se aplican los “correctivos” -para usar un término de moda- antes de que el mercado obligue a formalizarlos todos de una vez.
Al paso que van las reservas del Banco Central, quedarán poco y nada de dólares para el gobierno que asuma en diciembre de 2015.
Es que el uso de reservas para el pago de la deuda y el financiamiento del Tesoro nacional deterioró el patrimonio del Central.
El organismo cuenta con más títulos públicos que reservas internacionales por primera vez en dos décadas.
A esto se suma que éstas representan menos de la tercera parte de los activos que tiene la entidad.
Los ahorros en dólares del Central cayeron de los u$s 52.000 millones a los u$s 34.000 millones en sólo tres años, mientras que las letras intransferibles entregadas por el Tesoro al organismo ya suman casi u$s 43.000 millones.
Sin reservas monetarias, cualquier presidente estaría atado de pies y manos, como ya se demostró durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quien debió ceder el poder en forma anticipada en 1989 en medio de una hiperinflación y el agotamiento de fondos en el Central.
Hasta ahora la estrategia cristinista ha sido patear los problemas para adelante, mientras se van amontonando dificultades estructurales en la ecuación económica.
A la hora de pensar en los cambios, un dato llama la atención en los mercados: el aumento de las acciones de las compañías energéticas, que en el caso de Edenor llegó al 230 por ciento en los últimos dos meses.
La información que manejan los hombres de negocios es que el gobierno se dispondría a iniciar un reacomodamiento tarifario con el fin de achicar los enormes subsidios a la energía.
Esto permitiría a las distribuidoras volver a ganar plata, algo que casi no ocurre desde la pesificación de tarifas con insumos dolarizados, y por eso sus acciones suben.
El gobierno ya lo intentó hace dos años, cuando planteó eliminar los subsidios a las tarifas de electricidad y gas.
La intención duró un suspiro, porque la reacción inmediata en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), que representan unos 20 millones de ciudadanos, hizo sentir el descontento al gobierno, que se asustó y rebobinó con rapidez.
Para tener una idea del costo político de una medida que parece inevitable, si no existieran los subsidios los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano pagarían cuatro veces más por las tarifas de luz y gas.
Sería un golpe muy duro eliminarlas de cuajo, en especial para el principal sustento electoral del gobierno, las barriadas pobres del conurbano, que ya vienen sufriendo una inflación que no afloja, del 25 por ciento, y licua los planes sociales.
El gobierno necesitará entre 13.000 y 15.000 millones de dólares para importar gas y petróleo el año próximo, pero no los tiene.
Por eso, el remedio amargo se deberá comenzar a aplicar en algún momento, ya que las arcas del Estado están exhaustas, y la emisión monetaria del Banco Central sólo está generando más presión sobre precios y dólar, que cerró antes de las elecciones a 10,15 pesos en el mercado paralelo, ampliando a más del 70 por ciento la brecha con la cotización oficial.
El gobierno ya eliminó los subsidios a la energía en los barrios de alto poder adquisitivo de la Ciudad y en los countries de todo el país, pero con eso no alcanza para atenuar el impacto de esta herramienta en las cuentas públicas, que vienen arrojando resultados deficitarios.
Otro de los problemas en un escenario de inconsistencias varias está vinculado con la cotización del dólar.
Hace dos años que se viene intentando disimular lo que ya es obvio hasta para los principales fanáticos del modelo: algo hay que hacer con el mercado de cambios, porque está generando distorsiones evidentes que presionan aún más sobre los precios.
El problema es qué hacer, y el hecho de que no habría uniformidad de criterio en el poder -ni tampoco demasiadas ideas-, de cómo salir del cepo cambiario.
De los laberintos se sale por arriba, es una frase que suele utilizarse, pero que no aplicaría para la encerrona en la que está la Casa Rosada luego de haberse encerrado en una jaula y arrojado la llave demasiado lejos.
Por ello, es de esperar un ajuste del torniquete sobre la prohibición de atesorar divisas y tal vez un aumento del recargo para usar la tarjeta de crédito en el exterior, ahora en el 20%, por lo que los argentinos deberían prepararse para veranear en el país, que por suerte tiene destinos de sobra para el disfrute y el descanso.
Pero mantener el cepo sólo profundizará la crisis cambiaria y mantendrá en recesión al mercado inmobiliario, además de complicar aún más las importaciones industriales, lo cual difícilmente pueda ser compensado por los planes Procrear.
Uno de los principales problemas del modelo es la escasez de divisas para seguir financiando la actividad, mientras desde el exterior aconsejan no traer divisas al país al menos hasta que concluya la administración de Cristina Fernández.
Los dólares del complejo sojero se usan para importar combustibles por la caída de la producción de petróleo y gas, mientras el Central emite para cubrir el déficit, en un escenario de pérdida de reservas por 9.000 millones de dólares en lo que va del año.
Un punto de coincidencia entre el Gobierno, los empresarios y los analistas es que no apuestan a una devaluación brusca del peso sino a que el Central continuará con la política de los últimos meses de atar la suba del dólar oficial a la inflación, o un poco por encima.
El mundo de los negocios espera que el escenario emergente tras las legislativas sea de modificaciones en la política cambiaria y la gente aguarda un descenso de la inflación y una reanimación de la economía que permita volver a generar empleo.
Las expectativas son altas y hay coincidencia en que dos años son demasiado tiempo para arriesgarse a hacer la plancha.
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