Todos juzgados por el mismo delito

La Cámara Federal porteña confirmó ayer que todos los acusados por la tragedia ferroviaria de Once podrán ser juzgados por el hecho y por la supuesta "administración fraudulenta" de bienes ferroviarios concesionados, más allá de que en paralelo se investiga el uso de fondos estatales que recibió la firma Trenes de Buenos Aires (TBA). Fuentes judiciales informaron que la Cámara rechazó un "planteo de inhibitoria" presentado por la defensa del exsecretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi, para que el juez federal Claudio Bonadío envíe esa parte de la causa a su par Sebastián Ramos, a cargo de otra investigación sobre el uso de subsidios estatales. La Sala II del Tribunal apuntó que en el juicio oral a realizarse por la tragedia del 22 de febrero de 2012 los procesados "serán juzgados por administración fraudulenta en conexión con el estrago" y en "relación a los bienes ferroviarios concesionados para la explotación del servicio de la línea Sarmiento entregados en virtud de esa relación contractual pero cuya propiedad se mantuvo siempre en cabeza del Estado".