OPINION

Tomar medidas para no dejar en una encrucijada al próximo gobierno

La sequía de dólares obligó a acelerar gestiones para liberar préstamos trabados en organismos multilaterales mientras crecen  especulaciones sobre qué medidas podría tomar la administración de Cristina Fernández tras las elecciones del 27 de octubre para tratar de encauzar una economía sumida en inconsistencias.  
La semana fue movida y trajo buenas noticias para el objetivo principal de llevar algo de aire a la necesidad de divisas por la persistente fuga de capitales que lima las reservas del BCRA.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino -cruzado por versiones de renuncia- logró destrabar fondos por 3.000 millones de dólares del Banco Mundial -en tres años-, tras comprometer a la Argentina a pagar 500 millones a cinco compañías que habían iniciado juicios ante el tribunal de resolución de controversias de Banco Mundial por la pesificación de tarifas tras la salida de la convertibilidad.
Como complemento clave, el secretario Guillermo Moreno y el viceministro Axel Kicillof terminaron de demoler las resistencias de las cerealeras y las comprometieron a suscribir bonos BAADE por 500 millones de dólares.
En las próximas semanas, Moreno y Kicillof se dedicarán a tratar de convencer a bancos para que también suscriban el BAADE, un bono pensado para el blanqueo de capitales que ahora cambió su objetivo.
La jefa del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, viene llamando a las entidades financieras para pedirles recibir dólares de sus casas matrices o préstamos en divisas.
Así, el gobierno pudo exhibir algunos logros en materia financiera, mientras la presidenta Cristina Kirchner se recupera en forma satisfactoria de su operación.
La Argentina necesita obtener dólares porque las reservas del Banco Central no paran de caer, ante la desconfianza sobre el futuro en materia cambiaria.
En el gobierno hay preocupación porque el BCRA debe seguir vendiendo dólares a pesar del feroz cepo impuesto a la compra de dólares.
Una economía cada vez más irregular e incierta lleva a la gente a desprenderse de los abundantes pesos emitidos por el Central lo más rápido posible.
Eso explica el auge de compra de autos importados, la contratación de paquetes para hacer turismo en el exterior, el adelanto de importaciones y hasta el pago de seguros en el exterior.
Un banquero lo dijo amargamente: “No sea cosa que el gobierno quiera que pongamos los dólares para financiar la fiesta de unos pocos”.
La carrera con la depreciación de los ingresos explica también el alza de insumos para la construcción en los últimos meses, ya que los desarrolladores están comprando todo lo que necesitan para sus obras en forma adelantada, antes de que aumenten.
Antes de internarse, Cristina bajó una orden directa al equipo económico: transmitir la idea de que su gobierno no hará el ajuste que le reclaman los mercados, e impedir a toda costa que el dólar paralelo supere los 10 pesos cuando llegue la elección del 27 de octubre, ya que lo contrario podría representar una catástrofe electoral.
A pesar de su discurso blindado, el gobierno sabe que el cepo al dólar y la inflación están haciendo trizas el modelo económico y erosionando los auxilios con cada vez menor impacto que representan los planes sociales, pero también es consciente de que salir de esa trampa tendría un costo enorme.
Ese deterioro de los ingresos -donde un billete de 100 pesos rinde lo que valía uno de 20 hace cinco años-, sumado a la inseguridad, explica que el oficialismo haya perdido millones de
votos en el conurbano bonaerense, aun en distritos históricamente alineados como La Matanza o Lanús.
La importación de combustibles, la demanda de viajeros al exterior y la necesidad de importaciones para mantener la economía en funcionamiento presionan sobre la necesidad de adoptar decisiones agrias tras los comicios del 27 de octubre.
Inflación, cepo al dólar, subsidios, crisis energética, déficit fiscal y gasto público desbordado son algunos de los temas en agenda.
A fines de diciembre de 2015, el gobierno que suceda a Cristina deberá afrontar el pago de U$S 9.800 millones, y probablemente las reservas del BCRA estén a esa altura por debajo de ese nivel.
A fines de 2015 cae el vencimiento del bono que el Tesoro Nacional le colocó al Banco Central en 2005, para que Néstor Kirchner saldara toda la deuda con el Fondo Monetario.
Unos días antes, el futuro presidente podría tener que cargar con una factura cercana a US$ 5.000 millones, si en 2014 la economía creciera el 6,2% previsto en el Presupuesto Nacional.
Esta vez, tocarían las obligaciones con acreedores privados atadas a la evolución del PBI, que se gatillan cuando el Producto Bruto sube más del 3,22%.
El kirchnerismo había arrancado con una deuda de U$S 150.000 millones, en los últimos diez años se pagaron U$S 173.700 millones y, pese a todo, datos de fines del 2012 revelan que las
obligaciones pendientes suman U$S 220.000 millones.
La duda es qué medidas se pueden esperar de un gobierno que parece dispuesto a priorizar dejar el poder sin hacer las correcciones necesarias y dejarle una pesada herencia a su sucesor.
En 2001, Fernando de la Rúa pagó carísima la herencia que le dejó Carlos Menem, con un país endeudado, desocupación récord y una convertibilidad que se había agotado varios años antes.
La pregunta que orada la piedra de la política por estas horas es si Cristina Fernández está dispuesta a demostrar liderazgo aplicando la medicina amarga necesaria para dejarle allanado el  camino a su sucesor.
Fue lo que hizo Eduardo Duhalde durante su precario gobierno entre enero de 2002 y mayo de 2003, que posibilitó a Néstor Kirchner profundizar políticas que permitieron crecer a tasas
chinas durante varios años.
La Argentina vuelve a estar frente a la encrucijada de repetir miserias del pasado o crear la oportunidad de construir un camino hacia el desarrollo.

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