OPINIÓN

El desafío del sinceramiento económico

Tras el flojo resultado en las primarias, los candidatos oficialistas parecen dispuestos a sincerar algunas de las deficiencias económicas que la Casa Rosada se ocupó de presentar en los últimos años como insignificantes desajustes del modelo.
Tal vez eso explique que postulantes como Martín Insaurralde o Daniel Filmus hayan admitido por un lado que la inflación es un “problema”, y que la Argentina está “devaluando”.
Decisiones adoptadas en lo más alto del poder revelan que ese sinceramiento alcanza también a problemas que figuran al tope del ranking de preocupaciones de la opinión pública, como la inseguridad.
Si bien se dio el primer paso -reconocer el problema-, falta aún afrontar el desafío mayor: encontrar el remedio que posibilite encarar las soluciones.
La presidenta Cristina Fernández convocó a la mesa de Diálogo Social, lo cual deja traslucir cierta inédita apertura a escuchar otras voces, pero la duda es qué nivel de influencia tienen esos pocos empresarios y sindicalistas elegidos, los “titulares”, para aportar las correcciones que hacen falta.
La suba del mínimo no imponible de Ganancias y la promesa de bajar la presión impositiva sobre monotributistas y autónomos, parecen ir en el sentido de reconciliarse con sectores de la clase media que se sienten excluidos de las políticas gubernamentales.
Inflación e inseguridad no son los únicos problemas que el oficialismo empieza a admitir.
Antes de las elecciones del 27 de octubre, el gobierno anunciaría el nuevo índice de Precios al Consumidor, que buscará ser algo más confiable que el actual.
Es un dato que viene siendo seguido de cerca por los mercados y también por inversores internacionales y tenedores de bonos de la deuda.
Pero ese indicador, cuya pérdida de credibilidad es casi total, también genera exasperación entre los consumidores, cuando viven casi como una tomadura de pelo que se les informe una inflación que nada tiene que ver con lo que ocurre al hacer las compras en el supermercado o abonar distintos bienes y servicios.

Los buitres y las guaridas fiscales

La presidenta libró una batalla en la cumbre del G20 para que se incluya la cuestión de los fondos buitres y los canjes de deuda en la declaración final de los presidentes, pero la tajante negativa de los Estados Unidos lo impidió.
Sin embargo, a la jefa de Estado le quedó el consuelo de haber logrado que de aquí en más deje de utilizarse el término de “paraísos” y se lo reemplace por el de “guaridas fiscales”, a esos lugares del planeta donde se recibe dinero sin preguntar procedencia.
La Argentina ha sufrido en carne viva el funcionamiento de esas “guaridas”, donde se encontrarían parte de los 400.000 millones de dólares que tienen los argentinos fuera del sistema formal.
Los datos fueron estimados por la organización Tax Justice Network, solo toma en cuenta la riqueza financiera y excluye otros activos como propiedades inmobiliarias.
El país ocupa el cuarto lugar dentro de América Latina en cuanto a la cantidad de habitantes que más dinero posee sin declarar fronteras afuera.
Pero si el gobierno quiere que esos capitales regresen a la economía formal deberá hacer un esfuerzo enorme.
En primer lugar reconocer que el “cepo” al dólar terminó de destruir la poca confianza que quedaba en la Argentina, porque a partir del primero de octubre de 2011 ciudadanos y empresas tuvieron la certeza de que otra vez el país repetía la “trampa cambiaria” dejándolos a tiro de devaluación.
La existencia de un mercado paralelo cada vez más pujante, donde el dólar se comercializa 60% por encima del valor oficial, refleja que la Argentina ya devaluó el peso, y que ahora solo falta admitir a cuánto llegará el daño.
El hecho de que la mayor creación de empleo desde el 2011 se haya dado entre los “arbolitos” que vocean “dólar, euro, real” en la city porteña es el reflejo de que la decadencia económica vuelve a estar a la vuelta de la esquina en el país.
El daño que provoca la existencia de múltiples tipos de cambio aún no parece haber sido dimensionada por la Casa Rosada.
Un ejemplo ayuda a entender lo negativo del fenómeno: más allá de que se aplique un paliativo a través del bien intencionado Plan Procrear, el sueño de la casa propia quedó nuevamente demasiado lejos para cientos de miles de familias.
Ahora, para adquirir una propiedad se necesitan un 60 por ciento más de pesos que antes de la aplicación del cepo, porque los precios aumentaron a la par de la cotización del dólar “blue” y la inflación se ocupa de hacer el trabajo restante cada día para que ese deseo vuelva a quedar incumplido.

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