El Gobierno pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley cordobesa por la cual se aplica una tasa adicional al precio de los combustibles y reclamó a otras jurisdicciones, entre las que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, que se abstengan de llevar adelante una medida similar, por considerarla ilegal.
La demanda fue presentada a través de la Procuración del Tesoro, junto con un pedido de "no innovar" para que se suspenda la aplicación de la tasa en la provincia mediterránea, que rige desde agosto con el objeto de financiar obras viales, según lo indicó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Lorenzino brindó una conferencia de prensa junto con los secretarios de Política Económica, Axel Kicillof, y de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, en la que sostuvo que la aplicación de esa tasa, a la que consideró como un verdadero impuesto, "es ilegal, inconstitucional y atenta contra la relación Nación-provincias".
El titular del Palacio de Hacienda señaló que "la ley (cordobesa 10.081) creó supuestamente una tasa vial provincial, que creemos que esconde lisa y llanamente un impuesto que, además de ser ilegal, tiene un impacto económico regresivo e impacta en el bolsillo de cordobeses".
Tras admitir que la demanda presentada busca también "desincentivar" que otros distritos apliquen una medida similar a la de Córdoba, el jefe de la cartera económica criticó al gobernador de esa provincia, José Manuel de la Sota, por tomar "medidas de ajuste de otras épocas".
Sin embargo, el gobierno de Córdoba ratificó ayer la aplicación de la llamada tasa vial que rige sobre el precio de los combustibles, a la vez que recomendó al Gobierno nacional que "si está preocupado por los impuestos regresivos, que se dedique a controlar la inflación".
COMENTARIOS