El Gobierno cerró una semana triunfal, tras expropiar YPF, lograr que la investigación sobre el vicepresidente Amado Boudou quede empantanada y, confirmada ya la ruptura con Hugo Moyano, al anunciarse un estratégico cambio de manos en la propiedad de un poderoso grupo de radio y TV que se incorporaría al poderoso y expansivo sistema kirchnerista de medios. ¿Cómo no iba a celebrar el Gobierno un ciclo tan colosalmente favorable con el masivo acto en Vélez, donde la Presidenta dio rienda suelta a su comprensible felicidad?
Hay que decirlo: hasta nuevo aviso, todo le sale al oficialismo hasta mejor de lo que sus paladines más entusiastas fantaseaban. Hasta recibe el Gobierno regalos y pruebas de amor asombrosas, como el respaldo del centro-izquierda radical y socialista en el Senado a la expropiación de la petrolera. Para una cierta lectura de los hechos, lo interesante de la presente etapa es que, en la jerga popular, siempre que llovió, paró, o, dicho desde otra mirada, no hay mal que dure cien años, ni tampoco existe la dicha permanente.
Todas a favor
El Gobierno ha "embocado" un círculo afortunado que no parece tener techo. Por ahora, la incesante catarata de episodios parece mostrar una avanzada sin límites paralela a una debilidad portentosa de quienes no comparten lo que se hace y se dice en el poder, pero tampoco tienen ideas, voluntad ó audacia para contraponerse.
Lo que ha sucedido con YPF es muy expresivo. La Argentina tenía todas las razones del mundo para lograr que la petrolera volviera al Estado, más allá de que el propio peronismo la privatizó en los hoy denostados años noventa. Era un reclamo legítimo y en cierto sentido hasta razonable.
Pero, como lo ha hecho siempre, cada vez que el kirchnerismo debe optar entre la legalidad y el estado de derecho, y la fuerza y la tremendización escenográfica, elige esta última vía, sin hesitar. Exitoso, sin matices, fue el resultado del oficialismo al conseguir que la escuálida, confundida y anestesiada colección de siglas "opositoras" se alinearan con la Casa Rosada, privilegiando lo que radicales, socialistas y fuerzas de izquierda atesoran como valores, banderas y principios.
¿Qué más podía querer el Gobierno que ver a estos viejos partidos embriagados de la cháchara nacionalista, relegando a un plano inferior nada menos que los procedimientos y las falsedades elegidas por el oficialismo para racionalizar su modo de operación?
El respaldo legislativo
Lo que pasó en el Senado (63 a favor, tres en contra, cuatro abstenciones, dos ausentes), se replicará la semana entrante en Diputados. Con el país debidamente "ensiestado" tras cuatro días de nuevo jubileo vacacional, a partir de este miércoles, los peronistas, radicales, socialistas y fuerzas de izquierda terminarán la tarea de entregarle YPF a la Casa Rosada.
Las objeciones formales de radicales y socialistas a nada llevarán y significarán apenas un asordinado derecho al pataleo. Cristina Fernández podrá decirle al mundo que el 80% del cuerpo político argentino está con ella. Todo lo demás será bruma y olvido.
Por otra parte, el apartamiento del juez Daniel Rafecas en la causa por la que pretendía investigar al vicepresidente Amado Boudou por gestionar influencias indebidas, puede ser el prolegómeno de un punto final. Sería sorprendente y bastante impensable que Ariel Lijo, el nuevo juez sorteado, se anime a ir hasta el hueso, después de ver cómo fueron fríamente decapitados el jefe de los fiscales Esteban Righi y el ahora vilipendiado Rafecas.
No hay pergaminos progresistas que valgan en esta Argentina gobernada por los Kirchner, para quienes nunca es suficiente la fidelidad de sus valedores. Hasta ese ícono de la corrección ideológica llamado Eugenio Zaffaroni, salió a decir que lo de Boudou era una "campaña mediática" destinada a desprestigiarlo. De allí que un magistrado, prolijamente enrolado en la progresía, terminó no solo apartado de la causa, sino incluso en peligro de ser sometido a juicio político.
Los errores de Rafecas
También es cierto que Rafecas paga al contado su omnipotencia y su evidente falta de picardía. Lo sacan de la causa con elementos de juicio contundentes, porque al trascender sus conversaciones con un allegado a los investigados, se autovació de pertinencia jurídica. También es cierto que esas mismas razones jamás hubieran sido tenidas en cuenta si al poder político no le convenía ventilarlas.
La Argentina se ha ido convirtiendo en un país en el que el estado de derecho puede manejarse e interpretarse cada vez más como una pelota de plastilina, pasible de ser amasada como lo deseen los dueños de un poder político que en menos de un mes cumplirá nueve años ininterrumpidos en funciones.
La reescritura de la historia, un proceso que arrancó en 2003 y se ha ido desenvolviendo sin pausa, permite, para comenzar, alterar radicalmente el concepto de lo veraz, porque si la inflación pudo ser explícitamente negada por el propio Estado, ¿qué no sería posible? Para llegar a la abrupta captura de YPF sin ningún debate a escala nacional, ni la debida contemplación de elementales procedimientos jurídicos previos, el Gobierno no siquiera tuvo que expresar algo parecido a una asunción de sus propias responsabilidades.
Todos acompañan
Así dichas las cosas, ¿cómo es posible que la sociedad y hasta los partidos "opositores" acompañen lo actuado por un gobierno que califica a sus propios nueve años de gestión como un fracaso que llevó a hacer de repente lo que hasta ayer a la mañana repudiaban?
El problema con Boudou, por su parte, alude en esencia a los mismos parámetros.
En lugar de argumentar responsablemente y demoler de manera legal pero civilizada las delicadas imputaciones que se le hicieron a Boudou, el Gobierno replicó de manera agreste, denunció una virtual maniobra golpista, barrió al doctor Righi de la Procuración General y consiguió que también fuera liquidado un cuestionable Rafecas, ultimado no por sus gruesas impericias, sino por haber osado autorizar al fiscal Carlos Rívolo el allanamiento del departamento de Boudou. Similar patrón de conducta se registra en el caso de la transferencia de Radio 10 y C5N al Grupo Indalo que capitanea el empresario del juego Cristóbal López.
En una sociedad de mercado, las compras y las ventas son, o debieran ser, contingencias normales y hasta rutinarias. Van en el sentido de la libertad de acción del capital privado para desempeñarse dentro de pautas jurídicas conocidas y claras. Nada tienen de censurables. Pero, intoxicada la discusión sobre la razón de ser de los medios tras largos años de retórica incendiaria y supuestamente democratizadora y anti monopólica por parte del kirchnerismo, esta transacción es -por lo menos- curiosa. No fue debidamente anticipada a la Autoridad Federal para que la estudie y se expida, sino que fue anunciada como un hecho consumado, con el agravante de que López ya es concesionario de servicios públicos, por lo cual no podría ser un actor legítimo en el campo mediático, según la propia ley kirchnerista.
La hegemonía hoy persiste, pero el deterioro legal e institucional de la Argentina es de clamorosa evidencia. Se trata de un perjuicio para la Nación, cuya abultadísima factura se deberá pagar en los años por venir. De manera que todo es y deja de ser, como lo revela la ya aparentemente irreversible ruptura de Cristina Fernández con Hugo Moyano, el aliado clave de Néstor Kirchner desde 2003 hasta su muerte, en 2010. ¿Se queda sola la Presidenta? Cambia de aliados y hay mutación societaria, pero no le faltarán compañeros de ruta en su ya extensa peripecia de más veinte años dentro de la maquinaria del Estado.
ESTO QUE PASA
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