ANALISIS

Cristina logró consenso interno por YPF y ahora busca sumar aliados internacionales

La presidenta Cristina Fernández logró un alto nivel de adhesión interna a su plan para expropiar YPF y ahora busca que sus principales aliados comerciales, Brasil y China, sirvan de contrapeso a cuestionamientos en Europa y Estados Unidos.

La presidenta Cristina Fernández logró un alto nivel de adhesión interna a su plan para expropiar YPF y ahora busca que sus principales aliados comerciales, Brasil y China, sirvan de contrapeso a cuestionamientos en Europa y Estados Unidos.
El electrizante proyecto de expropiación de la petrolera recibió un amplio apoyo en el Senado, incluido del radicalismo, el Frente Progresista, el socialismo y hasta de Carlos Menem, el "padre" de las privatizaciones en el país, quien en 1992 se había encargado de transferir la petrolera al sector privado.
Hasta el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, debió rápidamente cambiar 180 grados su postura contraria a la expropiación y admitió -con encuestas en la mano- que si llega a presidente mantendría a YPF bajo la órbita estatal.
Las encuestas encargadas por la Casa Rosada llevaron tranquilidad a la presidenta, que si bien siempre las mira de reojo, las tiene como referencia en sus decisiones.
Los sondeos indican que entre 60 y 70 por ciento de los encuestados están de acuerdo con la nacionalización y que, aún en la Ciudad de Buenos Aires, territorio hostil para el kirchnerismo, casi la mitad de los porteños dijo aprobar la medida.
Así, Cristina -que con esta medida controversial se apropiará de un plumazo de una caja de 45.000 millones de pesos anuales, otra más- pareció calar hondo en el sentimiento nacionalista de los argentinos, y obtener consenso rápido para una medida que, más que responder a una decisión estratégica, por ahora está más vinculada con la necesidad imperiosa de hacerse con los dólares de la renta petrolera.
De paso, se entremezcló en el apoyo la medida cierto rechazo de parte de sectores de la población hacia los extranjeros, en este caso los españoles, a quienes siempre se les asignó el mote negativo de "gallegos", que refleja aspectos de discriminación aún latentes en distintos sectores.
Axel Kicillof, el ascendente viceministro de Economía, advirtió ese factor negativo y enseguida salió a aclarar que la expropiación respondió a razones objetivas de defensa de los intereses nacionales, y no era "ni contra el gobierno de España ni los españoles".
Pero si a nivel interno la adhesión ha sido contundente, en el exterior la Argentina deberá afrontar la furia de los países desarrollados, que si bien perdieron poder de fuego en medio de la crisis y la recesión, buscarán hacer tronar el escarmiento sobre el país en todos los escenarios posibles.
Por lo pronto, España tomó la primera represalia y anunció que deja de comprar biocombustibles a la Argentina, lo cual podría hacer perder negocios por casi mil millones de dólares anuales, aunque la presidenta Cristina Fernández le restó importancia a la medida: "Podremos absorber esas menores exportaciones", disparó la jefa de Estado.
No sería el único paso español, ya que el gobierno de Mariano Rajoy buscaría influir sobre sus aliados del primer mundo para que la Argentina sea expulsada del G-20, que reúne a las naciones desarrolladas más las economías emergentes, lo cual suena por ahora a misión imposible.
Es en ese escenario que debe entenderse la rápida visita que realizó el ministro de Planificación e interventor de YPF, Julio De Vido, al Brasil, para llevar tranquilidad al gobierno de Dilma Rousseff.
De Vido le dijo a los funcionarios brasileños que no sólo Petrobras quedará fuera de cualquier avance estatal, sino que le será devuelta el área que en su momento le quitó el gobierno de Neuquén.
También señaló a los brasileños que la Argentina pretende trabajar en conjunto y hasta que se espera una mayor participación de Petrobras en el mercado de hidrocarburos argentino.
No son las únicas señales al mundo que busca dar la Argentina: hay contactos con el gobierno de China, que ya opera aquí en Santa Cruz a través de la China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), la segunda petrolera del gigante asiático.
Sinopec adquirió en Argentina los activos locales de la ex Oxy, por lo que produce en Santa Cruz, y algo en Mendoza: en total, produce el 6,6 por ciento de la oferta nacional de crudo y el 1,7 de la de gas.
El principal objetivo de los chinos sería el yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén, que tiene un gran potencial de producir shale-oil y shale-gas a gran escala, que podría alcanzar los 23.000 millones de barriles equivalentes de petróleo.
En la Casa Rosada especulan con que China podría invertir unos 10.000 millones de dólares.
Los chinos formarían parte de las empresas que, según dijo el ministro De Vido en el Senado, ya mostraron interés en asociarse con la Argentina.
Encarar ese proyecto con China tendría una ventaja para la Argentina: a diferencia de Estados Unidos y Europa, los chinos no cuestionarían la falta de seguridad jurídica en el país.
La razón: el gigante asiático necesita imperiosamente energía para sustentar su formidable crecimiento económico, que está llevando aceleradamente a millones de personas a ascender de las clases bajas a las medias, aunque en el marco de un gobierno comunista que pone férreos límites a la libertad.

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