El Gobierno está analizando la posibilidad de extender un impuesto a los bancos y subir un gravamen al juego online con la idea de recaudar, durante el año que viene, los fondos necesarios para hacer frente al fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir parte de la coparticipación que la Nación le había quitado a la Ciudad de Buenos Aires.
Esa posibilidad se baraja actualmente en el Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa. Para el tigrense, existen dos condiciones previas para avanzar. Que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta elimine el impuesto transitorio a las tarjetas de crédito y a las letras de liquidez (leliq), y en segundo lugar, que la oposición apoye la idea del Gobierno en un temario para debatir en las extraordinarias del Congreso, que podrían ser en la segunda quincena de enero de 2023, señalaba ayer un informe de Francisco Jueguen en el diario La Nación.
En el Palacio de Hacienda deberán hacer frente al pago de $200.000 millones anuales para cumplir la sentencia de la Corte. La estimación es que, con el incremento de presión impositiva, se podría llegar a $140.000 millones. El resto debería ser aportado por el Tesoro. Sin embargo, no está tomada aún una decisión definitiva. El proyecto que estudia el oficialismo es extender el actual impuesto a los ingresos brutos que cobran los bancos por los intereses de las leliq, que serían gravadas pero con una alícuota menor a la actual, y compensar la falta de fondos con un mayor impuesto al juego online. En sintonía, Rodríguez Larreta debería dar de baja su impuesto a las leliq y a las tarjetas.
La suba de los ingresos brutos para las leliq y el juego que piensa el equipo económico funcionaría así como un espejo de la decisión que tomó la Ciudad a fines de 2020, cuando eliminó la exención que existía y se subieron transitoriamente al 8% el impuesto a los ingresos brutos sobre las leliq y los pases del Banco Central (BCRA). Es un impuesto que ya se cobraba en varias provincias. Además, Larreta aplicó entonces un impuesto a los sellos (1,2%) a los consumos con tarjeta de crédito (un gravamen que también cobran otros distritos). Esto ocurrió luego de que en septiembre de 2020, Alberto Fernández le quitara al gobierno porteño una porción de coparticipación (primero 1,18% y luego 0,92% más) para pagar los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof.
La decisión de Larreta buscaba compensar el ajuste un 3,5% a un 2,2% de fondos federales, que se bajaron más (a 1,4%) luego de una ley sancionada en el Congreso, que fijó un límite para el traspaso de los recursos en concepto de seguridad (hoy llegan unos $4000 millones para esos gastos, según fuentes del gobierno porteño). La Corte dictaminó ahora a favor de la administración porteña.
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