La elección del representante del sector académico en el Consejo de la Magistratura entró en zona judicial, luego de que el decano y la vicedecana de la Facultad de Derecho (UBA), Leandro Vergara y Silvia Nonna, presentaran un pedido de amparo y solicitaran una medida cautelar, con el acompañamiento de otros doce profesores titulares de esa entidad universitaria.
Los docentes de la UBA reclaman que se suspenda el cronograma electoral, que arranca el próximo lunes 3 de octubre, porque cuestionan la elección indirecta del representante académico ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) y reclaman que los profesores titulares puedan elegirlo en forma directa, tal como realizan los jueces y abogados.
“Se solicita se asegure el ejercicio de los derechos políticos que constitucional y legalmente corresponden a los/as profesores/as titulares regulares de todas las facultades nacionales de derecho a elegir a su representante ante el CMN en forma directa y personal, sin distorsiones”, plantearon las autoridades de la UBA, con el acompañamiento de doce profesores, como Marcela Basterra y Daniel Vítolo, entre otros.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Santiago Carrillo le dio curso a la denuncia y este miércoles dio un plazo de cinco días al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para que “produzca un informe” donde justifique la metodología de elección del representante académico, para la acción de amparo.
Pero le dio un solo día de plazo al CIN para que remita otro informe para resolver la medida cautelar solicitada por las autoridades de la UBA. Es que el CIN creó un complejo sistema de elecciones indirectas, con un Colegio Electoral que representa a las diferentes facultades de derecho de universidades públicas, que potencia el voto de aquellas unidades que tienen pocos profesores titulares y minimiza la representación de las que tienen más profesores, como la UBA y las universidades de Córdoba, Santa Fe y Lomas de Zamora, entre otras.
En la presentación de las autoridades de la UBA, se menciona el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda, que tiene un solo profesor titular y cuenta con un representante ante el Colegio Electoral; mientras la Facultad de Derecho de la UBA, “que tiene 74 profesores/as, solo cuenta con dos representantes”. E ilustró, entre otros ejemplos, con el de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con 49 profesores y un solo representante.
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