El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) condenó a dos años y medio de prisión en suspenso a Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte del kirchnerismo, en el juicio en el que se lo halló culpable de haber pactado una coima millonaria con la empresa que resultó adjudicataria de la licitación para construir el prometido y nunca realizado tren bala.
En una audiencia realizada por Zoom, los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y José Toselli —por unanimidad— condenaron a Jaime a la pena de dos años y medio de prisión en suspenso, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 90.000 pesos. Los fundamentos de la sentencia se leerán el 22 de noviembre próximo. Jaime, que está detenido en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016, escuchó su nueva condena por otro caso de corrupción en los que estuvo involucrado, desde un cuarto destinado a las conexiones remotas en el penal.
Según un informe de Omar Lavieri en Infobae, el delito por el que se lo halló culpable a Jaime es el de cohecho pasivo en los términos del artículo 256 del Código Penal que establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.
El fiscal del juicio Marcelo Colombo había pedido una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva porque pudo comprobar que Jaime-a través de su principal testaferro- había acordado cobrar un millón de dólares de coimas que pagaría la empresa Alstom.
El tren bala que iba a unir Buenos Aires con Rosario y Córdoba fue prometido y anunciado por Néstor Kirchner en 2006. La licitación se definió en 2008 cuando estaba a cargo de la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Aquel proyecto nunca se concretó por falta de financiamiento. La licitación fue ganada por un consorcio llamado Veloxia, que se formó cuando Alstom escogió socios argentinos que integraron la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se quedó con el negocio.
Los socios locales de Alstom eran las empresas Iecsa, Emepa y la filial local de la firma de ingeniería española Isolux. Durante la investigación se determinó que la consultora Caesa, que era de propiedad de Manuel Vázquez, asesor y testaferro de Jaime, pactó un contrato con Alstom por un millón de dólares. El contrato era por asesoramiento inexistente. La consultora no tenía personal y sus clientes eran básicamente las empresas que tenían contratos con la secretaría de Transporte, donde Vázquez se desempeñó como “asesor ad honorem” desde 2005 hasta que a Jaime lo echaron en julio de 2009. El primer pago de la coima se pactó en 100.000 dólares cuando entrara en vigencia el contrato.
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