Tres funcionarios del PAMI fueron llamados a indagatorias bajo la sospecha de haber desviado fondos de la central de jubilados en favor de entidades que responden a La Cámpora, indicaron fuentes judiciales. La citación fue firmada por el juez Julián Ercolini, en una causa que nació con la denuncia de Graciela Ocaña y fue impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan.
Los imputados son Santiago Paredes Adra, el Asesor de la gerencia de promoción social y comunitaria de Pami; Osvaldo Leonel Aquino, gerente de control de gestión social de la obra social de jubilados; y Esteban Ernesto Leguizamo, director ejecutivo de uno de los locales que recibió los fondos. La citación, de manera virtual, fue fijada para la última semana de agosto. Había sido solicitada en junio pasado por el fiscal Marijuan. Para Marijuan, los tres funcionarios “habrían actuado contrariando las funciones inherentes a sus cargos, al haberse interesado, al intervenir en razón de sus cargos, en el otorgamiento y pago de subsidios para beneficiar a nueve CJyP que no habrían cumplido con los requisitos establecidos en la norma”. Además, sostuvo que “autorizaron, gestionaron y efectivizaron la entrega de un subsidio extraordinario por montos diez veces superiores”.
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