El oficialismo bonaerense impulsa el regreso del Fondo Federal Solidario o “Fondo sojero” que se creó en el ámbito nacional en 2009, en pleno conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el campo, como forma de federalizarlos recursos vía retenciones que ingresaban al fisco nacional.
Se ponen en juego así unos $100.000 millones que podrían destinarse a infraestructura. Establecido en el derogado Decreto N° 206 del 19 de marzo de 2009, al que por Ley 13.976 la Provincia de Buenos Aires había adherido, tenía por finalidad financiar en las provincias y municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.
La Ley 13.976 al Fondo Federal Solidario establecía en su artículo 2° que el 30% de los fondos recaudados por las retenciones a la soja se transferían a los municipios, pero el 14 de agosto de 2018, mediante el Decreto 756 se derogó el mencionado Decreto 206. Ahora es el diputado bonaerense por Saladillo, Walter Abarca (Frente de Todos), quien mediante un proyecto de declaración, pide dar marcha atrás con el decreto dictado durante la administración de María Eugenia Vidal, con el objetivo de recuperar fondos para los municipios.
“Se lo solicitamos al Gobierno Nacional con un pedido de declaración”, le explicó Abarca a este diario. “Son recursos que se coparticipaban desde Nación a la Provincia y desde allí a los municipios, y se destinaban a obras de infraestructura. Para dar un ejemplo, el municipio de Tapalqué en noviembre va inaugurar un complejo termal y el 50% de esa obra la pudo hacer con el fondo sojero”.
El representante del Frente de Todos sostuvo que “en 2018 Mauricio Macri eliminó ese decreto y dejó de coparticiparse el Fondo Sojero y esa situación sigue hasta hoy. Nosotros creemos que el principal problema que tiene la provincia de Buenos Aires es un crecimiento demográfico desequilibrado.
Hoy el 70% de la población vive en el 2% del territorio y creemos que hay que poblar el interior. Para hacerlo y generar un crecimiento demográfico equilibrado hacen falta tener recursos, pero no aumentando impuestos sino modificando la coparticipación, porque entendemos que en el Conurbano hay muchas necesidades que hay que paliarlas, por eso reclamamos que alguno de esos recursos que genera el interior, como el fondo sojero, puedan volver al interior para el desarrollo de infraestructura, porque necesitamos desarrollar tierra, techo y trabajo.
Necesitamos condiciones para que se radiquen industrias y de esa manera generar trabajo, suelo urbano para que aquel que se quiera radicar pueda acceder a una vivienda, que hoy para un trabajador es imposible comprar un pedazo de tierra y hacerse una casa para proyectar su vida”. “El interior tiene falencias en cuanto a logística, infraestructura, conectividad. Por eso también estamos proponiendo a través de una ley provincial un fondo de desarrollo del interior que se nutra de la utilización de las tierras fiscales ociosas que tiene el gobierno de la Provincia.
En Saladillo, mi distrito, tenemos más de 300 hectáreas fiscales y nosotros proponemos que todas esas tierras y el uso de las banquinas, que son miles de hectáreas en el interior puedan ser alquiladas, concesionadas y que esos recursos vayan a un fondo fiduciario para financiar obras de infraestructuras en el interior. Hoy hay una ley que está prácticamente en desuso y no genera ingresos ni para la Provincia ni para los municipios porque no se aplica ni se cobra ese canon. Por ejemplo, solo en González Chávez hay 3.000 hectáreas de banquinas cultivables.
Hay mucha tierra ociosa, también en la Costa. Estamos hablando de tierras que dan 1.200 a 1.500 kilos de soja la hectárea, unos 800 a mil dólares por hectárea por año”, adelantó Abarca.
SE DISCONTINUÓ
En 2009 con el Decreto 206 se crea el Fondo Federal Solidario, constituido con el treinta por ciento (30%) de las sumas que el Estado Nacional percibe efectivamente en concepto de derechos de exportación de soja, que tiene por destino financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales.
“Se presenta como excepcional en el régimen tributario nacional, ya que tales derechos son exclusivos para la Nación y en este caso se coparticipan con las provincias y los municipios, pero nada impide tal excepcionalidad cuándo resulta ser una medida que impacta positiva y genuinamente en la actividad económica de todo el país, es una inédita descentralización federal de recursos”, sostiene el proyecto en sus considerandos.
“Este Fondo tiene una clara finalidad solidaria de reparto de recursos de origen federal para refuerzo de los presupuestos destinados a infraestructura en las Provincias y cada uno de los Municipios. La creación del fondo demuestra el enorme esfuerzo fiscal nacional de los últimos años, que tiene en miras el fortalecimiento presupuestario de las Provincias y los Municipios, coherente con una visión federal. Nuestra Provincia ha adherido a través de la Ley 13.976 al Fondo Federal Solidario, la cual establece en su Artículo 2° que el 30% se transfiere a los municipios. Cabe destacar que el Decreto 206/09 en lo referido al régimen de participación establece que se debe respetar una proporcionalidad que no podrá significar nunca un reparto inferior al 30% del total de los fondos para los municipios”, agregan. El 14 de agosto del año 2018 mediante el Decreto 756 se deroga el mencionado Decreto 206.
Desde entonces esto ha significado una gran pérdida de recursos para la Provincia y los Municipios bonaerenses. “Es por la importancia y el eficaz resultado que significaba se propone volver a consolidar el Fondo, teniendo en cuenta que se puede afianzar una coparticipación más federal y solidaria”, agregan en el texto.
“En orden a lo excepcional de la circunstancia que enfrentamos, se pueden tomar remedios también excepcionales para impactar positiva y genuinamente en la actividad económica de todo el país, en una descentralización federal de recursos que, al tiempo de reforzar los presupuestos gubernamentales de provincias y municipios, implicará nuevamente un importante incremento de la inversión en infraestructura, con aumento de la ocupación y mejora de la calidad de vida ciudadana y rural. Insistiendo en las peculiaridades de la Provincia de Buenos Aires que tiene una extensión de 307.571 km² con una población aproximada de más de diecisiete millones de habitantes podemos contemplar una división entre el Conurbano bonaerense, que está constituido por veinticuatro distritos con una población de más de diez millones de personas, representando más del sesenta por ciento del total de la población de la provincia, asentado en una superficie de menos de cuatro mil km², una densidad de población de 2.694,8 habitantes por kilómetro cuadrado, en un espacio territorial que ocupa el 1,2% de la superficie total de la provincia de Buenos Aires; y por otro lado tenemos los ciento once (111) distritos a los que denominan a los fines de este proyecto “interior”.
“Frente a este diagnóstico demográfico que se traduce en problemáticas que día a día debe enfrentar el vecino y son los intendentes quienes deben responderles por ello insistimos nuevamente en la idea de fortalecer las arcas municipales para que puedan resolverse esos problemas estructurales”, agregan.
Para el legislador, es menester destacar el contexto excepcional del sector agroexportador, que liquidó en febrero de 2022 unos U$S2.500,4 millones, que significaron el mejor febrero de los registros de los últimos 20 años (de acuerdo con los números informados por la Cámara de la Industria Aceitera -Ciara-, y el Centro de Exportadores de Cereales -CEC-). El ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en el primer bimestre del año alcanzó los U$S4.942, 04 millones.
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