El fiscal federal Ramiro González imputó ayer a la intendenta kirchnerista de Quilmes, Mayra Mendoza, y exfuncionarios por el presunto desvío de fondos por $535 millones a un conjunto de cooperativas que se encuentran relacionadas con integrantes del municipio. “En el Estado en que se encuentra el presente proceso insto el ejercicio de la acción penal contra Sebastián Raspa, Mayra Soledad Mendoza, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler”, sostiene el dictamen que impulsó la investigación.
Los delitos por los que se investigan a Mendoza y sus exfuncionarios son presunta malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa que abrió el fiscal González comenzó con la información publicada en el sitio web El Disenso, donde se informó que los aportes a las cooperativas fueron organizadas por “Sebastián Roberto Raspa, subsecretario de Hábitat del municipio bonaerense de Quilmes, quien junto con su socio y exfuncionario quilmeño Martín Bordalejo, administran una interesante cartera de cooperativas y sociedades anónimas”. Se expuso así una estructura a través de la cual “fondos nacionales que se le entregaban al municipio de Quilmes se utilizaron para pagarle a cooperativas. de “amigos”.
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