Sergio Urribarri, el exgobernador de Entre Ríos y exembajador en Israel y Chipre, fue sobreseído por la Justicia en una causa en la que se lo investigaba por supuestos hechos de corrupción que involucraban también al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y a exfuncionarios de su gestión. La decisión la tomó el juez de Garantías Mauricio Mayer, al considerar que la Fiscalía dejó vencer los plazos de la investigación penal preparatoria sin producir avances significativos en el legajo.
En febrero del año pasado, la defensa de Urribarri había pedido su sobreseimiento, pero fue negado por Mayer, quien dio a los fiscales un plazo de tres meses para que completaran la pesquisa y enviaran a juicio la causa. El nuevo pedido del exmandatario entrerriano se produjo a fines de abril de este año, dado que no se habían producido novedades de importancia en la investigación que se inició en 2017.
En concreto, el magistrado consideró que había “insubsistencia de la acción penal” porque se habían traspasado todos los plazos razonables que fija el Código Procesal Penal provincial y que no había habido avances investigativos, pese a reconocer la complejidad de la causa y a destacar la labor que habían hecho los integrantes del Ministerio Público Fiscal. “Receptó lo que sosteníamos: la Fiscalía no puede ir a la pesca para saber si existieron o no conductas ilegales. Tiene que focalizarse en la investigación, que comienza con un primer filtro que es la apertura de la causa. Ahí determina si la denuncia es seria y si hay elementos que sean materia de investigación. Eso da un primer panorama de adónde se enfoca.
Pero si después se abre un abanico de posibilidades, impidiendo lo concreto de lo denunciado porque los esfuerzos se van por las ramas, generan un grado de incertidumbre que debe ser acotado en el tiempo”, explicó el abogado defensor de Urribarri, Miguel Ángel Cullen.
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