La Corte Suprema de Justicia puso ayer en vigencia el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros, con el presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti a la cabeza. También ordenó tomarle juramento a los nuevos consejeros electos y notificar a la Cámara de Senadores y de Diputados, que hasta ahora no mandaron a sus representantes por las segundas minorías. Así lo dejó en claro la Corte Suprema, en un fallo firmado por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no suscribió la resolución porque participa en la ciudad de México de una conferencia internacional y cumple actividades oficiales autorizadas por el propio alto tribunal.
Cristina Kirchner rompió el silencio el domingo sobre el tema y criticó directamente al máximo tribunal hablando de “casta judicial”, mientras voces oficialistas hablaban de golpe institucional y amenazaban con pedidos de juicio político. La Corte respondió con un fallo: reafirmó la decisión sobre el Consejo tomada en diciembre que, según resaltó, “es cosa juzgada” y decidió no demorar el funcionamiento del organismo que selecciona y controla la labor de los jueces pese a que el Congreso no haya nombrado a sus representantes. “Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”, sostuvo el máximo tribunal en una clara alusión al camino que decidió tomar el oficialismo en el Congreso.
La decisión no contó con la firma de Ricardo Lorenzetti porque el 30 de marzo solicitó y recibió la autorización de sus otros colegas del tribunal para participar -del 18 al 22 de abril- de la conferencia “Culture and Law”, que organiza la International Academy of Comparative Law y la Mexican Center of Uniform Law y para intervenir en el conversatorio “Retos y tendencias del nuevo constitucionalismo Medio Ambiental y Climático”. Esa solicitud fue enviada y aprobada el mes pasado, mucho antes de que los acontecimientos en torno al Consejo de la Magistratura tomaran el rumbo que tomaron, con la resistencia del kirchnerismo de aceptar el fallo de la Corte y el fallo polémico de un juez en Paraná.
Para entender el origen de la polémica, hay que retrotraerse a 1994, cuando la Constitución Nacional ordenó la creación del Consejo para seleccionar y controlar a los jueces. En un principio, el órgano tenía 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Pero en 2006 la entonces legisladora Cristina Kirchner promovió una reforma para que el Consejo de la Magistratura tuviera trece integrantes. En ese momento, el Colegio de Abogados promovió la inconstitucionalidad de la ley, algo que finalmente fue dictado en 2015 por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y confirmado por la Corte en en diciembre del año pasado.
El máximo tribunal afirmó que la conformación de 13 miembro era inconstitucional porque no respetaba los equilibrios internos y le daba más preponderancia a los consejeros políticos en detrimento de los otros sectores. Entonces, instó al Congreso a dictar una nueva ley antes del 16 de abril (120 días). En caso de no hacerlo, el Consejo debía volver a su conformación original de 20 miembros.
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