El Consejo de la Magistratura entró ayer en un terreno pantanoso e incierto en la legalidad y legitimidad de las decisiones que se tomen en ese ámbito.
En diciembre, la Corte Suprema dictó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la actual integración del organismo que administra el Poder Judicial y que tiene la potestad de designar, sancionar y remover a los jueces de la Nación. En la sentencia, se fijó un plazo 120 días para haya una nueva ley para reformular el Consejo de la Magistratura. De lo contrario, se restituye el esquema previo a 2006, con la composición de 20 miembros y la presidencia a cargo del juez supremo Horacio Rosatti.
La fecha límite para definir el nuevo equilibrio en el Consejo venció a las 00 de hoy. Pese a los últimos intentos de esta semana y las frustradas negociaciones entre oficialismo y oposición, los tiempos no dieron para cumplir con las instrucciones del máximo tribunal para conformar el nuevo equilibrio de la institución.
Las dos vías están, por el momento, bloqueadas. Por el mecanismo legislativo, la reforma del Consejo propuesta por el Poder Ejecutivo consiguió una media sanción en el Senado, pero no pudo avanzar en la Cámara de Diputados a raíz de la paridad de fuerzas políticas y la ausencia de acuerdo entre los bloques. Cancelada esa alternativa, tampoco se logró designar el total de los 20 integrantes que garanticen el funcionamiento de la institución. Faltaron algunas bancas que completar, por una cuestión de plazos y acciones judiciales.
Así, hoy, el esquema hasta ahora vigente de 13 miembros carecerá de legitimidad legal. La Corte definió que, vencido ese plazo, todas las acciones que se hagan en Consejo serán nulas.
Con el deadline cumplido, ¿cómo seguirá el funcionamiento el Consejo de la Magistratura?
Esta semana, el cuerpo aprobó un cambio del reglamento por siete votos contra cinco para que autorice al presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones, a tomar decisiones administrativas y presupuestarias. Lugones, con el apoyo del oficialismo y aliados, argumentó que esa medida era una salida para que “el Poder Judicial no se pare”.
En el Consejo, esa mayoría interpretó que la declaración de nulidad de la Corte que correría desde el 16 de abril está vinculada a las decisiones como la aprobación de concursos o juicios políticos a jueces, pero que contaban con el aval para las cuestiones de funcionamiento administrativo.
Sin embargo, la modificación en el reglamento fue interpretada por la oposición como una violación a la manda de la Corte Suprema. El máximo tribunal intervino en la nueva controversia de manera sutil: dio señales a los integrantes del Consejo sobre su disconformidad para que no avancen en esa dirección. El juez Ricardo Recondo y el abogado Diego Marías, dos de los consejeros de parte de la minoría, explicitaron ese problema y confiaron en que la Corte Suprema “actuará” y “va a resolver” con alguna disposición la próxima semana.
El ojo está puesto en cómo el máximo tribunal intervendrá para resolver los impedimentos para que el Consejo opere con plena legitimidad.
El escenario ideal para el oficialismo, según planteó Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, sería una resolución que extienda el plazo de la sentencia firmada en diciembre pasado y que la Cámara Baja consiga la mayoría necesaria para avanzar con sanción definitiva de la reforma.
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