La Justicia federal avanza en la recolección de pruebas de la denuncia que hicieron días atrás diputados de la Coalición Cívica para investigar un posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública en el proceso de licitación por la “Hidrovía”. Según indicaron fuentes judiciales, el fiscal federal Guillermo Marijuan, que tiene delegada la instrucción de la causa por orden del juez Julián Ercolini, dispuso hoy una serie de diligencias en en el Ministerio de Transporte, la Administración General de Puertos Sociedad del Estado y distintas compañías involucradas.
Se trata de “órdenes de presentación” con vistas a secuestrar documentación. De acuerdo a las fuentes, los procedimientos se desarrollaron en “el inmueble sito en Av. Corrientes 316, 2º piso, de esta ciudad, correspondiente a la Compañía Sudamericana de Dragados S.A.; en los inmuebles sitos en Cerrito 1070, piso 8º y en Av. Córdoba 991, 6º piso, Dpto. “A”, ambos de esta ciudad y vinculados a las empresas Dredging International NV Suc. Arg. y Dredging International Argentina S.A.”.
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