El Ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que “la inflación es una de las prioridades de la política económica” del Gobierno, en respuesta a la severas críticas que recibió del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien lo responsabilizó por el incremento del costo de vida y le exigió medidas claras para controlarlo.
Guzmán, además, recibió reclamos de empresarios brasileños por el cepo argentino y pedidos concretos para que avance con cambios que favorezcan la inversión de capitales externos. Todo esto en medio de las tensiones internas en el oficialismo, que últimamente se pontencian cada vez que alguno de sus integrantes hace declaraciones.
El titular del Palacio de Hacienda estuvo reunido en San Pablo con un grupo de empresarios, ante quienes defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llevó adelante e hizo foco en la inflación, un tema clave para la administración de Alberto Fernández, según explicó.
Lo hizo cuando todavía hacían ruido las declaraciones de Feletti quien, como anticipó este medio, dijo que “el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven los ingresos populares, si no esto se va a poner feo”. A la vez que reclamó por retenciones móviles y más trabas a las importaciones.
Guzmán, por su parte, buscó defender las políticas económicas que se vienen llevando a cabo, con foco en los beneficios que, a su juicio, tendrá para nuestro país el entendimiento con el FMI para refinanciar la deuda.
“Con el acuerdo con el FMI tenemos una posibilidad de mayor certeza y seguridad para las condiciones macrofinancieras”, expresó el titular del Palacio de Hacienda, que intentó seducir a los empresarios con la mira puesta en la búsqueda de inversiones para Vaca Muerta.
En ese sentido, hizo notar la importancia que tiene para la Argentina la inversión en materia de energía. De hecho, el Ministerio de Economía destacó en un comunicado que se mantuvo “un encuentro con el ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque, quien garantizó que Brasil pondrá a disposición de la Argentina el volumen de energía eléctrica necesaria en los meses de mayo a septiembre. Contar con mayor suministro permite liberar gas para otros usos”.
Como se sabe, el Gobierno ya había llegado a un acuerdo para importar gas de Bolivia (ver aparte). “Es un paso muy importante el que dimos. Brasil va a garantizar la seguridad energética en la Argentina. Esa fue la definición más importante con efecto inmediato en la certeza en nuestra economía”, expresó Guzmán. Y explicó que junto con el entendimiento con Bolivia, “nos dan un horizonte para este año de mucha mayor certeza en el campo energético y la posibilidad de dar más previsibilidad sobre la posibilidad de satisfacer la demanda”.
En contraparte, algunos de los ejecutivos brasileños con los que compartió el encuentro le reclamaron al ministro por el cepo cambiario y la rigidez del Mercosur para negociar con otros bloques comerciales. Incluso, uno de ellos citó un caso particular sobre el cepo. Dijo que su familia tiene una empresa en Brasil desde hace 95 años y que hace 20 abrió una compañía de distribución de productos químicos en la Argentina. “Pagamos impuestos y generamos empleo en la Argentina, pero por los controles de capital no podemos conseguir repatriar” las divisas.
“No somos especuladores financieros. Si no levantan los controles cambiarios y no podemos repatriar, no invierto más”, concluyó. Mientras que otro empresario dijo que “hay empresas que están dejando de operar (en Argentina) por las restricciones que existen”.
Ante esta situación, Guzmán respondió que los controles de cambio “tiene como raíz el problema de la balanza de pagos”. “Son restricciones que son diferentes de una economía que transita una senda de estabilidad. Estamos en una senda de tranquilización de la economía. No nos gustan las restricciones en la cuenta capital. Pero es una necesidad por las inconsistencias que están siendo resueltas ahora paso por paso”.
Después advirtió que “la acumulación de reservas es una condición para poder converger a un sistema de restricciones macroprudenciales. Si lo hiciéramos muy rápido, el problema de la economía sería el de una desestabilización de la balanza de pagos y de la recuperación económica. Sabemos que todas esas restricciones tienen un costo”, concluyó.
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