El presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia del embajador en Israel Sergio Urribarri, informaron fuentes oficiales, luego de que el exmandatario fuera condenado a ocho años de prisión en una causa por presuntos hechos de corrupción.
Por su parte, el exmandatario sostuvo que “el fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”.
Se trata de una publicación hecha en su cuenta de la red social Twitter.
Urribarri puso a disposición su dimisión después de que se conociera la decisión de un tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos de condenarlo a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio oral y público por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón consideraron que “con pleno conocimiento” se “echó mano a fondos” provinciales para un “interés netamente particular”, en referencia a una “campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente” en las elecciones de 2015.
También indicaron en su fallo que hubo “retornos” por parte de los empresarios contratados. La audiencia de más de 12 horas se desarrolló desde las 8:30 en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, en Paraná, pero Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, participaron de manera virtual.
Además de Urribarri y Báez, estaban acusadas otras 11 personas entre familiares, empresarios y exfuncionarios de su gestión.
Desde el pasado 27 de septiembre del 2021, se presentaron más de 70 testigos y numerosas pruebas dentro de cinco legajos de tres causas abiertas con la acusación de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Si bien eran tres, los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes porque todos se basaban en la “utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial” de Urribarri en 2015, a través, entre otros, de contrataciones de empresas para publicaciones de solicitadas, la instalación de un parador playero en Mar del Plata y spots.
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