El kirchnerismo sufrió un inesperado contratiempo y decidió suspender la sesión del Senado en la que ayer iba a tratarse el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, elaborado por el Poder Ejecutivo después que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la integración del organismo que selecciona y sanciona a los jueces.
La causa del retraso es la negativa del provincial Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) a acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo si no le aceptan algunas de sus propuestas. Sin su apoyo, el Frente de Todos no alcanzaría a reunir los 37 votos (mayoría absoluta) que exige la Constitución para reformar la ley del Consejo de la Magistratura ya que la peronista disidente Clara Vega (La Rioja) decidió tomar distancia del kirchnerismo en este tema.
“Esta es una cuestión en la que es necesario el consenso. Hay que buscar un dictamen unificado”, explicó Vega a este diario, criticando la decisión del oficialismo de avanzar con la propuesta del Poder Ejecutivo sin acordar con otras fuerzas políticas. “Este no es un tema que esté en la agenda de las necesidades de la sociedad, sino que solo le interesa a la política”, agregó la senadora riojana.
Sin embargo, también habría disidencia al interior del Frente de Todos. Fuentes legislativas confiaron que en el bloque oficialista también hubo varios pedidos para modificar el dictamen firmado la semana pasada. Ante este panorama, el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), decidió que el tema volviera a discutirse en un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, convocado para este miércoles a las 16.
La situación es, cuánto menos, irregular si se toma en cuenta que las mismas comisiones dictaminaron la semana pasada sobre el proyecto del Poder Ejecutivo y que Weretilneck lo hizo, en minoría, en base a un proyecto de su autoría. En este escenario, ninguna de las dos iniciativas podrían volver a ser objeto de un despacho de comisiones, sino que debería presentarse un nuevo expediente que, aseguraron voceros legislativos, se discutirá hasta horas antes del inicio de la nueva reunión.
El tiempo apremia para el Congreso. El fallo de la Corte, dictado el 17 de diciembre último, estableció un plazo de 120 días para que el parlamento dicte una nueva ley que regule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Ese período concluye el próximo 15 de abril.
La postergación del debate en el recinto por parte del Senado deja al Poder Legislativo al borde de incumplir con el plazo fijado por el máximo tribunal. Es que, en el mejor de los escenarios, recién podría aprobarlo la semana próxima y a la Cámara de Diputados le quedarán menos de diez días para poder convertirlo en ley.
Como si fuera poco, Juntos por el Cambio presentó un dictamen en minoría que repone al presidente de la Corte al frente del Consejo de la Magistratura, una cuestión con la que ni el kirchnerismo ni el Poder Ejecutivo están de acuerdo. Sin un consenso amplio, es muy difícil que el proyecto pueda convertirse en ley en la Cámara baja si es que logra pasar el filtro del Senado.
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