La fiscal federal María Paloma Ochoa solicitó la declaración indagatoria del exministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garavano, del empresario Alejandro Vandenbroele y del extitular del programa de testigos protegidos Francisco Lagos en la causa que investiga la supuesta entrega de un hotel boutique al arrepentido.
La fiscal quiere indagar sobre “la custodia, alojamiento, cambio de domicilio, suministro de medios económicos y asistencia” que se le proveyó a Vandenbroele desde la cartera de Justicia durante la gestión de Garavano.
Se sospecha que el aporte de Vandenbroele como “imputado colaborador” en la causa judicial Ciccone contra Amado Boudou se produjo como contrapartida del financiamiento de un emprendimiento turístico en Mendoza, con fondos públicos.
La fiscal tuvo por acreditado que con motivo del ingreso de Vandenbroele al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, el entonces ministro Garavano y Francisco Lagos “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa en infracción al artículo 5º, inciso D, de la Ley 25.764”.
El caso comenzó en 2020 cuando la misma justicia solicitó que se investigue si el gobierno de Mauricio Macri “compró” con el pago de un hotel boutique la confesión de Alejandro Vandenbroele, sindicado como el testaferro del exvicepresidente Amado Boudou y arrepentido del caso Ciccone.
El pedido para que se investigue fue realizado por el juez Ariel Lijo, el mismo del caso Ciccone, basado en la publicación periodística El Destape que reveló detalles reservados del expediente de Vandenbroele como integrante del programa de testigos protegidos del Ministerio de Justicia.
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