El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, opinó que se debe dejar firme la condena a 13 años de prisión que pesa sobre la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, por ser la jefa de una asociación ilícita, y los delitos de fraude y extorsión, al tiempo que se pronunció por rechazar un pedido para que salga en libertad. Tras la opinión del procurador, ahora la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El jefe de los fiscales dijo que se deben rechazar los recursos de queja que presentó Milagro Sala contra la condena dictada en el caso conocido como “Pibes Villeros” en el cual la dirigente K recibió la pena de 13 años de prisión en enero del 2019. El Tribunal Oral en los Criminal 3 de Jujuy impuso en 2019 la condena por el delito de asociación ilícita en su carácter de jefa.
Mientras tanto, la semana pasada organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FDT) reclamaron en una solicitada la libertad de Milagro Sala, quien cumple seis años detenida, y advirtieron que “con presos políticos no hay democracia plena”.
“Una vez más nuestra profunda preocupación y nuestro total repudio ante la persecución y el hostigamiento que viene sufriendo Milagro Sala, quien este domingo cumple 6 años de prisión arbitraria e ilegal”, expresaron los firmantes.
Y añadieron: “El caso de la líder de la Túpac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública”.
En ese marco, plantearon que “la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes políticos, sociales y sindicales como práctica durante el macrismo fue una constante que en el caso de Milagro y sus compañerxs pone de manifiesto la malicia de sus mentores, ejecutores y cómplices”.
La líder de la organización Túpac Amaru y entonces integrante del Parlasur fue detenida el 16 de enero de 2016 por participar de una protesta que se organizó en forma de acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, a días de la asunción del radical Gerardo Morales como gobernador de la provincia.
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