La recaudación de impuestos es uno de los aspectos que el Gobierno y el FMI acordaron como centrales en el nuevo programa financiero que todavía se negocia entre Buenos Aires y Washington. Desde el Poder Ejecutivo descartan que las conversaciones con el staff técnico del organismo hayan incluido un tire y afloje sobre la estructura de los impuestos, sino que se trató de discusiones sobre administración tributaria, es decir, sobre las herramientas con las que cuenta el fisco para hacer más eficiente los ingresos tributarios. La presentación del entendimiento técnico que el gobierno de Alberto Fernández alcanzó con el Fondo Monetario hace diez días incluyó una breve referencia, sin mayores detalles, a la necesidad de una mejora en la capacidad de recaudación tributaria del fisco, a través de una serie de medidas que buscaría reducir la evasión “especialmente en el segmento de mayor contribución y disponer medidas para atacar el lavado de dinero”, comentó.
Según se pudo saber en base a fuentes oficiales, en las conversaciones con el staff del FMI ni el organismo ni los funcionarios argentinos incluyeron en la mesa de negociación la estructura tributaria, entendiendo por ello qué alcance, características o alícuotas tienen los gravámenes del sistema impositivo argentino. “El FMI no lo pidió ni se habló de eso”, aseguran desde un despacho oficial.
Lo que sí formó parte de la negociación fue lo que en el Gobierno llamaron la administración tributaria, que tiene que ver no con una suba de la presión impositiva mediante, por ejemplo, un ajuste de alícuotas en determinado gravamen, sino en ajustar la sintonía fina técnica en el uso de ciertas herramientas, algunas que incluso ya tiene en vigencia el organismo tributario.
Hay un listado de medidas que, en mayor o menor medida, AFIP ya implementó, y en algunos casos lo hará en los próximos meses. Entre ellas, la fiscalización de activos de ciudadanos argentinos en el exterior, continuar con el cobro del aporte extraordinario de las grandes fortunas (por el que se recaudó hasta el momento $250.000 millones, un 60% de lo que se preveía originalmente), la automatización de ciertos mecanismos de control, por ejemplo, en el comercio de granos, establecer valores de referencia para exportaciones e importaciones, entre otros.
También estará incluido el monitoreo satelital, algo que el organismo tributario pondrá en marcha en los próximos meses y que tendrá como meta apuntar a un sector del agro que, aseguran fuentes oficiales, “declaran que la productividad de su terreno era de determinada cantidad de quintales por hectárea, pero en realidad su rendimiento era mayor. Subdeclaran la superficie explotada y paga menos impuestos”, comentaron.
“El aporte en materia de recaudación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es a través de más actividad, más recaudación y por otro lado, administración tributaria, que es una profundización de herramientas implementadas desde 2020", explicó una fuente oficial.
La AFIP intimó a más de 30.000 contribuyentes
Este lunes, 32.746 contribuyentes fueron intimados a través de sus domicilios fiscales por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de incumplimientos detectados en las fiscalizaciones electrónicas, una herramienta automática que adoptó Mercedes Marcó del Pont en 2020 y, a lo largo de los últimos dos años, logró generar ingresos que superan los $4500 millones.
Hay 14 motivos por los cuales se inician las fiscalizaciones electrónicas. Entre ellos, inconsistencias que se registraron en la valuación de inmuebles en el exterior, el uso de facturas apócrifas (cómputo indebido de crédito fiscal por compras a proveedores que tienen irregularidades e incumplimientos), liquidaciones de granos no declaradas, falta de presentación del Impuesto Cedular, rendimientos no declarados por diversas inversiones financieras en Ganancias, acreditaciones del exterior no declaradas y falta de declaración de contratos de arrendamiento, entre otras.
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