El procurador general bonaerense Julio Conte Grand declaró ayer durante casi tres horas ante la comisión bicameral de seguimiento a organismos y actividades de inteligencia, a donde había sido citado tras el escándalo conocido como “Gestapogate”: el jefe de los fiscales de la Provincia dijo que no estaba al tanto de la reunión en el Banco Provincia, que encabezó el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien será citado para la semana próxima en el Congreso.
Conte Grand se encargó de negar todo vínculo con el organismo de inteligencia y sus agentes durante el gobierno de Mauricio Macri. No obstante, el funcionario bonaerense reconoció que había ido a la AFI en varias oportunidades en el marco de los preparativos de coordinación por la reunión del G-20 que se haría en la Argentina a fines de 2017 y que se había reunido con los jefes del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Eso llamó la atención de los legisladores porque su presencia no aparece en los libros de ingresos y egresos que envió la AFI al juez federal Ernesto Kreplak, que quedó al frente de la denuncia.
En su exposición, Conte Grand confirmó que recibió un celular encriptado de la ex-Side y explicó que era para estar en contacto con los organizadores del G-20 y con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema, a cargo de llevar adelante —entre otras cosas— escuchas telefónicas ordenadas por un juez. Miembros de la comisión señalaron a la prensa que esa situación les pareció irregular. Ante los legisladores, Conte Grand aclaró que nunca usó ese celular, que ya no lo tiene en su poder y ni siquiera recuerda cuándo lo devolvió.
Cuando terminó la reunión, ante la prensa, el diputado del FDT Leopoldo Moreau dijo que las declaraciones del procurador no habían sido “convincentes” y anunció la convocatoria para el miércoles de la semana próxima del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas.
La comisión bicameral abrió una investigación para esclarecer lo que se dio en llamar la mesa judicial bonaerense, luego de la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño a fines de diciembre por la aparición de un video en unas computadoras viejas del organismo.
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