El juez federal Ariel Lijo (foto) ordenó una serie de medidas de prueba para investigar si el Gobierno pagó en los últimos años 13 indemnizaciones por desaparecidos durante la última dictadura militar que, en realidad, no fueron tales, confirmaron fuentes judiciales.
Lijo pidió al Ministerio de Economía que confirme si efectivamente se abonaron las indemnizaciones planteadas en una denuncia presentada hace dos años por el militar retirado y escritor José D’Ángelo.
El juez solicitó a la cartera que dirige Martín Guzmán “la lista completa de los beneficiarios y los montos pagados” por las leyes reparatorias de las víctimas de la represión ilegal. Además, ordenó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, que envíe “todos los legajos de las personas mencionadas en la denuncia”, informó La Nación.
El pedido que hizo Lijo es un tema políticamente muy sensible y sería la primera vez que el Gobierno entregue una lista con los nombres de todas las indemnizaciones pasadas.
D’Ángelo, autor del libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, entre otros, había enumerado en la presentación judicial 13 casos de personas que aparecen como víctimas de desaparición forzada, ejecución sumaria o asesinato en los legajos elaborados en el área de Derechos Humanos, a pesar de que existirían constancias de que “no murieron en esas circunstancias”.
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