Cinco gremialistas y dirigentes de la cúpula del sindicato de Camioneros, incluida la mano derecha de Hugo Moyano, fueron procesados por un juez acusados de coacción, luego de bloquear las actividades de una empresa dedicada al transporte, a la que le reclamaban una supuesta deuda con el gremio.
La decisión es del juez de instrucción porteño Fernando Caunedo, que en 106 carillas procesó a Omar “Manguera” Pérez, Omar Dutrá, Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz. Los bienes de los acusados fueron embargados hasta la suma de 300.000 pesos cada uno.
Omar “Manguera” Pérez es una suerte de “mano derecha” de los Moyano. Es secretario de Políticas de Transporte del sindicato y el representante en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Dutrá es el referente de la rama de Logística de Camioneros y uno de los impulsores de las protestas en los centros de distribución de Mercado Libre.
Los sindicalistas están acusados de haber bloqueado las actividades de la empresa Andar Transportadora, en Villa Soldati. El establecimiento fue bloqueado el año pasado, en reclamo de una supuesta deuda con el sindicato.
El juez Caunedo destacó que con la actividad de los gremialistas fue afectada “la libertad de acción y de trabajo del querellante (el dueño de la empresa) y de sus empleados, así como de los choferes que acudieron allí y no pudieron concretar la entrega o el retiro de mercadería”.
Por eso es que entendió que esta actividad encuadra en el delito de “coacción” en la medida en que “impidió, contra la voluntad de los afectados, la concreción de una actividad lícita”.
La abogada de Andar Transportadora es Florencia Arietto, exasesora del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich durante la gestión de Cambiemos.
El fiscal Ignacio Mahiques había pedido en septiembre pasado la indagatoria de los acusados por el delito de extorsión, ya que entendió que los gremialistas reclamaban “una deuda inexistente”.
Sin embargo, el juez Caunedo entendió que es verosímil que pueda existir una deuda entre el gremio y la empresa, por eso encuadró la conducta como una amenaza coactiva. Dijo que los empleados le reclamaban el depósito del 3 % del sueldo por la cuota sindical y la obra social. “Aun admitiendo que efectivamente existiera alguna deuda de la empresa, de ninguna manera estaban habilitados para obrar como lo hicieron, acudiendo a las vías de hecho para forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, escribió el juez.
Tras analizar decenas de testimonios, transcripciones de video, entrecruzamiento de localización de los teléfonos de los acusados y sus descargos, el juez concluyó que efectivamente el bloqueo del depósito existió.
COMENTARIOS