La reunión que mantuvieron la semana pasada en Roma el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, con la directora del FMI (Fondo Monetario Internacional), Kristalina Georgeva, en medio del viaje por la cumbre de los mandatarios del G20, no habría arrojado avances considerables en la negociación por los 44 mil millones de dólares que el país busca refinanciar con el organismo.
El motivo del estancamiento de las tratativas, más allá del diálogo entre las partes, es que Georgieva exigió una rápida reducción del déficit, un acomodamiento veloz de las cuentas del país. Pero una gestión acelerada de los números internos no estaría dentro de las consideraciones del gobierno de Fernández, que teme como consecuencia un ajuste económico a la vista.
El encuentro se realizó en buenos términos y en un clima ameno. Por el lado de la comitiva argentina también participó Gustavo Béliz, mientras que Georgieva también estuvo acompañada por Geoffrey Okamoto, segundo del FMI, y Julie Kozack, quienes también revisaron la negociación y analizaron posibles puntos de intereses para ambas partes.
Más allá del buen diálogo, el ministro Guzmán considera que no es posible renunciar al aumento del gasto público en momentos de post pandemia, en sintonía con lo que piensan el presidente Fernández y la vice, Cristina Kirchner.
A su vez, el titular del Palacio de Hacienda entiende que un incremento del gasto público no necesariamente derive en una situación de déficit para las cuentas públicas. Por el contrario, Georgieva y Okamoto, que buscan celeridad, no son optimistas en ese sentido.
Por otro lado, en Roma el presidente esperó que en el comunicado final del G20 se hablara, en modo de sugerencia propuesta por Argentina, de una revisión por parte del FMI de una costosa multa que se aplica para los deudores que accedieron a créditos por encima de su cuota.
Pero eso no ocurrió. Una condonación de la multa implicaría que Argentina no pague 1000 millones de dólares anuales. Esa multa costosa refleja la decisión política de Macri de aceptar un Stand-By por 57.000 millones de dólares que excedía en un 1.300 por ciento su cuota como estado miembro del FMI.
Según analistas, la postura de los principales miembros del FMI para rechazar la revisión de la multa implicó un gesto político, ya que de haberse dado lugar al pedido, se habría entendido que se estaría cerca de un acuerdo por la deuda de Argentina.
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