Luego que la oposición repudiara “las amenazas” del ministro Aníbal Fernández al dibujante Nik cuando le envío un mensaje en Twitter en el que de forma sugerente mencionó el colegio al que mandaba a sus hijos-, y exigiera su renuncia, Alberto Fernández confirmó en su cargo al funcionario que ayer por la tarde mantuvo una reunión en Casa Rosada para definir los protocolos de las elecciones del próximo 14 de noviembre. “No hubo reproches del Presidente ¡Por qué tiene que reprocharme si no hice nada! Le quieren hacer decir algo al tuit que no dice”, respondió el funcionario ante la consulta de este diario.
El polémico intercambio entre el funcionario y el humorista gráfico ocurrió en la red social Twitter, en medio de una discusión sobre si la escuela ORT recibía o no subsidios estatales. “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Si que la que la conocés...O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo”, había tuiteado Aníbal. Nik tomó ese intercambio como un mensaje intimidatorio ya que envía a sus hijos a dicho establecimiento educativo. “El ministro que debe dar “Seguridad” a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”, expresó a través de su cuenta en la misma red social.
El funcionario ayer por la mañana intentó disculparse por su comentario. Pero el dibujante no lo aceptó e incluso relató que desde entonces recibe agresiones a su celular del tipo: “Ey gil, que te pasa con Aníbal. Aníbal es pueblo”.
Lo cierto es que la oposición inmediatamente salió a pedir la renuncia del funcionario. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio manifestó su “repudio enérgico” a lo ocurrido y reclamó que el titular de Seguridad pusiera “su renuncia a disposición del señor Presidente de la Nación para que sea él quien tome la decisión de sostener en el cargo a funcionarios que no son capaces de hacerle honor a sus responsabilidades”.
Sin embargo, el jefe de Estado terminó bancando a uno de los ministros que asumieron tras la debacle electoral en las PASO.
“Aníbal Fernández, cuya mayor responsabilidad hoy es trabajar para hacer sentir seguros a cada uno de los ciudadanos argentinos, instala miedo mediante amenazas encubiertas a través de las redes sociales. Como si eso fuera poco, lo hace dando a conocer información privada y personal sobre las hijas de Nik, que son menores de edad en etapa escolar”, remarcó el comunicado de la coalición opositora, al considerar que “este tipo de conductas con fines intimidatorios buscan mantener a los ciudadanos callados, con miedo a expresar sus opiniones libremente frente a la posibilidad de ser expuestos y sufrir represalias.
Por la mañana, el jefe de gabinete, Juan Manzur, se refirió al hecho y consideró que “lo que dijo el ministro Aníbal Fernández fue muy desafortunado y nos quedamos con las disculpas públicas que pidió. Ahora, quiénes son los colaboradores del Presidente, lo decide el presidente de la Nación”.
EN LA ROSADA
Pasadas las 16 el funcionario sorprendió al ingresar a Casa Rosada. Durante poco más de 40 minutos mantuvo una reunión con el ministro Wado de Pedro (Interior) para avanzar en el operativo de seguridad que desplegará el estado para garantizar el normal desarrollo de las elecciones legislativas.
“Si alguien puede entenderlo como una amenaza, pido disculpas. No soy ni más ni menos hombre por eso”, volvió a pedir perdón al humorista con su particular forma. Rechazó haber realizado una suerte de “inteligencia” sobre el humorista y dijo que la información que vertió de la escuela, la consiguió de “millones de dibujos (de Nik) que dicen ORT. Yo no hice referencia a los hijos”. Y reiteró que “hizo” llamar a Nik por su vocero para dar las explicaciones del caso. “Me ha regalado dibujos, no tengo un tema personal contra él”, concluyó, con su particular tono.
Finalmente, el abogado Santiago Dupuy De Lome denunció al ministro de Seguridad por la publicación en Twitter y la denuncia quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini. La demanda es por supuestos delitos de “abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y amenazas”.
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