El juez Lino Mirabelli ordenó una serie de medidas en el marco de la causa que investiga la presunta violación a la normativa que impedía realizar cualquier tipo de encuentros sociales. El expediente se centra en la fiesta realizada el 14 de julio del año pasado en la Quinta de Olivos cuando regía una estricta cuarentena, motivo por el cual están imputados el presidente Alberto Fernández, Fabiola Yañez y nueve personas más.
El Gobierno tiene cinco días para informar si los invitados tramitaron autorizaciones para circular, qué protocolos se aplicaron, y una serie de datos que ya habían sido pedidos hace más de un mes.
Después de doce días en los que no se terminaba de definir qué juez de San Isidro iba a intervenir definitivamente en el expediente que investiga la fiesta en la quinta presidencial durante el año pasado, cuando el presidente Fernández había firmado el DNU que prohibía esa clase de encuentros, el juez Lino Mirabelli firmó un decreto con una serie de medidas dando impulso al caso que inquieta a la Casa Rosada.
La información requerida responde a un dictamen que había firmado el fiscal federal Ramiro González, cuando imputó al presidente Alberto Fernández y solicitó a la jefatura de Gabinete y a la Secretaría General de la presidencia, un informe respecto a las autorizaciones otorgadas para la circulación de quienes asistieron al cumpleaños de la primera dama, y otros aspectos que nunca fueron respondidos.
Por ese motivo, el juez Mirabelli requirió al Gobierno nacional, que a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Presidencia, remita un informe “pormenorizado sobre los recaudos y protocolos sanitarios para prevenir la propagación del covid-19, que habrían sido aplicados el día 14 de julio del 2020 respecto de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Severina Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra y Federico Abraham”.
Más específicamente, el juez Mirabelli pidió el detalle sobre los ingresos de ese grupo de personas “a la Quinta Presidencial de Olivos, acompañando, en su caso, la documental que acredite el cumplimiento de tales recaudos y protocolos”.
Asimismo, el magistrado reclamó la documentación que hace más de un mes se había pedido a la jefatura de Gabinete, ahora a cargo de Juan Manzur, sobre la aplicación Cuidar y los registros de información de las personas que habían recibido autorización para circular en la fecha bajo investigación. Toda la información solicitada por el juez de San Isidro deberá ser entregada por la Casa Rosada en un plazo de cinco días hábiles.
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