Una causa sobre juego clandestino, en la que se mezcla la corrupción y el narcotráfico, amenaza convertirse en un escándalo de grandes dimensiones en Santa Fe, luego de que el principal acusado, el empresario Leonardo Peiti, se plegó a la figura del arrepentido y declaró que pagaba 250.000 dólares de coima a senadores peronistas y radicales de esta provincia para quedarse con el negocio del juego online legal, de unos 1000 millones de pesos mensuales.
El 9 de septiembre pasado, Peiti, acusado de liderar una asociación ilícita que maneja el juego clandestino, firmó un preacuerdo de juicio abreviado que prevé seis años de prisión efectiva. Como contrapartida declaró como “imputado colaborador”, una figura legal que está en proceso de homologación.
Si la Justicia acepta a este acusado como “arrepentido” la pena se reduciría a la mitad, es decir, a tres años de prisión. Pero lo más jugoso es la multa que deberá pagar Peiti, una suma inédita en la Justicia, ya que alcanzará los 536.000 dólares. Oscar Romera, abogado del senador peronista Armando Traferri, afirmó que la figura del “imputado colaborador o arrepentido no está legislada en la provincia de Santa Fe por lo que no sería ajustado a derecho aplicarla”.
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