La Cámara Comercial, en un acuerdo extraordinario donde participaron casi todos sus integrantes, salió al cruce de la Inspección General de Justicia (IGJ) por desconocer un fallo de la Sala C que había frenado la implementación de la paridad de género en las asociaciones civiles nuevas. “Rechazar enérgicamente todo acto que se aparte del recto ejercicio de las atribuciones que el orden institucional consagrado por nuestra Constitución nacional impone a cada poder del Estado”, dice el primer punto de la acordada.
A comienzos de agosto, la IGJ publicó una serie de resoluciones generales para establecer la igualdad de género en los directorios de las sociedades. Según esas resoluciones, “las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan, las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos que esté integrado por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos”. Y agrega: “Cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos”.
Esa polémica se trasladó a la Justicia. En la causa caratulada como “Inspección General de Justicia c/ Línea Expreso Liniers Saic s/Organismos externos”, la Sala C dispuso dejar sin efecto las resolución 34 y 35 de la IGJ. En lugar de apelar, el organismo que preside Ricardo Nissen (foto) decidió que intervenga el Inadi y poner a disposición del Ejecutivo los antecedentes.
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