La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desistió de la querella en el juicio por supuesta defraudación vinculada al pago de impuestos contra los accionistas de la firma Oil Combustibles y el extitular del ente recaudador Ricardo Echegaray, informaron ayer fuentes judiciales.
La decisión, que lleva la firma de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, está fundada en la evidencia interna (auditorías y sumarios disciplinarios) y externa (denuncias administrativas y requerimientos judiciales) que dan cuenta de hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder ocurridos durante la gestión de Cambiemos.
“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento del organismo como querellante en la Causa CPF N.° 4943/2016 que firmó Marcó del Pont.
En ese sentido, el escrito refiere a los resultados de los procedimientos, investigaciones y auditorías realizadas por las distintas áreas de la AFIP, como la Subdirección General de Auditoría Interna.
El trabajo impulsado por la administradora federal a partir de diciembre de 2019 permitió identificar, entre otras, situaciones como la designación para actuar en procedimientos de funcionarios distintos de aquellos que resultaban competentes y la actuación en causas judiciales sin representación institucional o por parte de funcionarios no autorizados.
La actual gestión de la AFIP también detectó la creación dentro del organismo de una herramienta sistémica para monitorear la situación de grupos económicos específicos, además de cuantiosos accesos indebidos a la base de datos del organismo.
El desistimiento de la querella advierte sobre “el papel que habrían desempeñado en estos hechos ciertos funcionarios que formaron parte de la conducción política de la AFIP durante el Gobierno de Mauricio Macri”.
La definición del organismo, presentada ayer en la Justicia, contó la intervención de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y la Subdirección de Coordinación Técnico Institucional.
El desistimiento de la querella en la causa constituye una decisión de responsabilidad institucional de las autoridades políticas de la actual conducción de la AFIP, cuyo objetivo es no legitimar hechos supuestamente arbitrarios acontecidos durante el Gobierno anterior, que fueron identificadas y documentadas desde diciembre de 2019.
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