La Cámara Federal porteña revocó ayer, por considerarlo prematuro, el archivo parcial de la causa por la supuesta aplicación irregular de vacunas contra el coronavirus y ordenó investigar qué personas “se adelantaron” en el esquema de inmunización, cuál fue el criterio aplicado para que eso ocurriera y quiénes tomaron la decisión.
El fallo fue de la sala primera del tribunal de apelaciones, que revocó el archivo parcial dispuesto por la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, sobre 65 de los 70 casos de personas vacunadas “por orden de funcionarios del Ministerio de Salud con dosis asignadas al Hospital Posadas”. Cuando dispuso el archivo parcial de la causa, la jueza Capuchetti sostuvo que, en el momento en el que ocurrieron los hechos, la ley diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación figuraban como receptoras de la vacuna dentro del grupo de los “prioritarios”.
El criterio en el que se basó la jueza fue que ese grupo estaba integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía un orden normativo de prelación, ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea. Si bien la jueza Capuchetti no había cerrado totalmente la investigación, dado que siguió analizando la situación de 5 casos en particular, ahora los jueces de la Cámara Federal le ordenaron que, tal como reclamó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), avance con la pesquisa sobre los 70 casos.
“¿Por qué ellos (en relación a los 70 vacunados), y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”, subrayaron los jueces.
La Cámara refiere que los vacunados-entre ellos, el presidente Alberto Fernández y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini- fueron anotados como “personal de salud”. Deberá investigarse ahora si ellos mismos se definieron como tales cuando no lo eran. “Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi en el fallo. “Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación.
Y ello no sólo al describir el objeto del proceso, sino también en cuanto a los sujetos pasivamente legitimados pues como señaló la PIA, es posible leer allí una eventual participación que reclama ser despejada”, sostuvieron los jueces. Los camaristas encomendaron a la jueza “el desarrollo de las medidas pertinentes para develar cada uno de esos interrogantes a fin de precisar la adecuada gravitación de los hechos y, de existir, el correcto deslinde de las consecuentes responsabilidades”, según la resolución.
Una vez “revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”, consideraron los tres jueces del Tribunal de Apelaciones, al tiempo que afirmaron que hasta que eso ocurra “cualquier evaluación será apresurada y, por tanto, imperfecta”. Los jueces dispusieron, además, que se investiguen todas las denuncias, entre ellas la de vacunación supuestamente irregular en el hospital Posadas y el presunto “traslado de 60 dosis de vacuna contra la Covid-19 a la ciudad de El Calafate”
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