El Gobierno amplía el gasto en más de $700 mil millones

Con una inflación que en la antesala de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) toca el 50 por ciento anual, más del 40 por ciento de pobreza y un 10 por ciento de indigencia, en el Gobierno son conscientes de que la situación es “muy complicada”. Y en esa urgencia apuestan a una suerte de “plan económico de elecciones” que, con el objetivo crucial de “poner plata en el bolsillo de los argentinos”, incluye cambios impositivos, inyección de dinero a través de prestaciones sociales y anuncios de planes para reactivar el empleo y el consumo.
Un combo que, en medio de la campaña, contempla inyectar, trascendió, unos 700 mil millones de pesos.
Semejante ampliación del gasto público, a base de emisión monetaria, enciende luces de alarma entre los analistas que observan medidas “cortoplacistas” y advierten sobre un potencial ajuste para después de las elecciones. Además de que expandir el gasto y la emisión podría atentar contra el intento oficial de domar la inflación por vía de los controles de precios, ancla cambiaria y las tarifas congeladas, parte de las claves del “plan electoral” en marcha, consideran.
En la carrera hacia las PASO, la estrategia oficial apunta, sobre todo, a los más vulnerados por la crisis económica que agudizó la pandemia, pero también a la clase media que sufrió el freno impuesto por la cuarentena estricta del año pasado.
Los anuncios para el primer grupo incluyen, por caso, el bono especial de 5 mil pesos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo (se cobrará en septiembre, unos días antes de las PASO); refuerzos de la Tarjeta Alimentar, extensión del 15 por ciento de reintegro en las tarjetas de beneficiarios de pensiones, jubilaciones y de Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo, como también el bono extraordinario de 6 mil pesos para beneficiarios del Potenciar Trabajo. Solo para el Ministerio de Desarrollo Social fueron asignados 93.500 millones, de los cuales 60 mil millones de pesos se fueron en recargas para Alimentar y 33.500 en planes sociales.
La idea es contener a los movimientos y organizaciones sociales y evitar, por ejemplo, situaciones de tensión como la que se vivió la semana pasada en La Matanza.
A los sectores medios se dirigen los recientemente renovados planes Ahora 12, 24 y 30 (para incentivar el consumo en compras de indumentaria, computadoras, electrodomésticos y más), y los últimos cambios en el piso de Ganancias (el mínimo no imponible se subió a 150 mil pesos brutos mensuales, pero evalúan elevarlo todavía más a consecuencia de la inflación) y el Monotributo. Esta misma semana el Gobierno anunciaría un plan para otorgar créditos a tasa cero a monotributistas.
Para encarrilar el poder adquisitivo frente a la desbocada inflación y recuperar la actividad el Gobierno convalida a su vez paritarias con techos cada vez más altos. Los últimos en firmar fueron los aceiteros, que cerraron subas del 48,5 por ciento. 
Desde la Universidad del Centro de Economía de la Creatividad (UCEMA), Diana Mondino no tiene dudas: “Más allá de lo que pase con el resultado de las elecciones, inexorablemente vamos hacia un ajuste”, aseguró y que “lo que se busca siempre es otorgar subsidios y aumentar los impuestos, lo que implica expandir el gasto, la emisión y de esa manera, el círculo siempre termina con más inflación”. 
En el oficialismo son más optimistas. Confían en algunas señales de reactivación que pronto “mostrarán resultados” y en que la situación, por complicada que se vea, será “controlada” tras las elecciones. 
Mientras encienden velas para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que interpretan como la piedra fundamental del crecimiento que se anhela.