Kicillof, Larreta y alberto

El Gobierno le reclama a la Ciudad que aplique “el modelo Kicillof”

La situación de los argentinos varados en el exterior y la polémica por el cupo de 600 personas por día habilitadas para ingresar a la Argentina que fijó el Gobierno vuelven a generar tensión entre la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires. Luego de que trascendieran deficiencias en los controles de porteños, que recibieron llamados para corroborar si estaban cumpliendo el aislamiento cuando todavía se encuentran sin poder regresar al país, desde Nación reclaman a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que ajuste los operativos o implemente el modelo de Axel Kicillof, que impuso cuarentena de cuatro días en hoteles y de otros tres días en domicilio para todos los bonaerenses que viajan desde este ayer.
Con el foco puesto en “retrasar el mayor tiempo posible el ingreso de la variante Delta”, el reclamo de la gestión de Alberto Fernández tiene que ver con la composición de la masa de argentinos que viaja al exterior: según las declaraciones juradas que firman los pasajeros, el 45 por ciento reside en la provincia de Buenos Aires mientras que un 32% pertenece a la Ciudad. Es decir que entre los dos distritos reúnen a 8 de cada 10 viajeros.
“El problema no es que viajen, sino que no cumplan con la cuarentena al regresar”, dicen desde el Gobierno, donde remarcan que la medida se adoptó luego de dos informes oficiales que revelaron serios incumplimientos: el primero reflejó que 4 de cada diez argentinos que volvían del exterior no respetaban el aislamiento y el segundo, dos semanas más tarde y con ese antecedente, que la cifra había descendido apenas al 32%.
Aunque el cupo obedece a una estrategia sanitaria, trazada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y dispuesta por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, es desde Migraciones donde se instrumenta la medida y, en consecuencia, su titular, Florencia Carignano, es una de las responsables de defenderla públicamente. 
“La medida es transitoria con el objetivo de permitirles a las jurisdicciones una mejor organización de los controles”, explica Carignano.

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