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REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

La Argentina quiere un acuerdo a 20 años con el FMI

Buscan que el plan de pagos no exceda los USD 2.000-3.000 millones anuales, más los intereses. Acreedores privados creen que el organismo debería ser flexible.

El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería, cronológicamente, de muy largo aliento. En principio, y contando los años en los que no se ejecutarían liquidaciones de cuotas y los que sí se pagarían cuotas e intereses, el plan de pagos se extendería a un lapso mayor a los 20 ejercicios.
 Esto ocurriría si el organismo que maneja Kristalina Georgieva acepta la propuesta de los negociadores locales, de incluir un plan de pagos que no exceda los 2.000-3.000 millones de dólares. A esto habrá que sumarle el pago de los intereses correspondientes; los que, según aseguran desde el Gobierno, serían los menores que pueda aplicar el FMI. 
La posibilidad de pago de no más de ese monto es una posición por ahora firme que se intenta aplicar desde Buenos Aires en el plan que se negocia, para poder defender la tesis de la “sustentabilidad” de la deuda, con el equilibrio de las variables macroeconómicas locales. Y, obviamente, con la seria dificultad de conseguir dólares frescos para poder cumplir con los compromisos de deuda, que tiene la Argentina de estos tiempos (y se supone por muchos ejercicios más).
Los números que hace la Argentina se proyectan desde el 2024 hacia delante. Hasta ese año, la intención oficial es no tener que cumplir con el pago de cuotas del capital adeudado con el organismo financiero internacional, y sólo concentrarse en algún monto del pago de intereses. Y, si se puede, también dejar liberado al país de estas liquidaciones. Recién desde ese año, asegura el Gobierno, estaría en condiciones para poder enfrentar pagos de la deuda externa con el FMI. Estos compromisos se cruzarán con el otro deber financiero internacional que tendrá el país desde ese año: cumplir con los pagos anuales de la deuda reestructurada emitida para solucionar el problema con los acreedores con títulos públicos bajo legislación internacional.
Hasta el 2024 Argentina tendrá que pagar por este ítem unos USD 4.500 millones, cuando habrían sido unos imposibles USD 30.000 millones si no había renegociación. Sin embargo, desde el 2025 el ritmo se acelera, y deberían liquidarse entre ese año y el 2028 unos USD  24.000 millones (hubieran sido USD 33.000 millones), con pagos anuales de entre USD 9.000 y USD 10.000 millones durante ese período. Desde 2029 en adelante, la factura crece y llega a los USD 13.000 millones anuales. Tanto el Gobierno como los analistas privados coinciden en que si bien el cronograma es relajado por los próximos años, se complica desde el 2028. Y que al país se le haría difícil poder ejecutar un plan de pagos aún más complicado si se le sumaran pagos de entre USD 4.000 y USD 6.000 millones con el FMI. 
Los números oficiales proyectados a futuro hablan de la necesidad de no tener que cumplir con más de USD 2.000 millones (o menos) en los pagos con el organismo financiero internacional, durante toda la vida útil del acuerdo de facilidades extendidas “relouded” que se está negociando entre Buenos Aires y Washington.

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