Rige la ley que recorta fondos a Caba y Larreta va a la Corte

El año 2020 terminará con una nueva presentación de la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia para buscar revertir los efectos de la quita de fondos nacionales para la Capital Federal que implementaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El recurso se presentará hoy porque, a pesar de que la ley se aprobó en el Senado el 10 de diciembre, el Poder Ejecutivo nunca la promulgó.
Esa promulgación ocurrirá de hecho hoy, porque según ordena el artículo 80 de la Constitución, todos los proyectos aprobados por las dos cámaras del Congreso que no sean promulgados por el Ejecutivo, quedarán promulgados de manera automática diez días hábiles después de su sanción. 
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, endurece su batalla en los tribunales contra el Gobierno nacional. En las próximas horas, presentará una nueva demanda ante la Corte Suprema. Esta vez, para que se declare inconstitucional la ley que el 10 de diciembre pasado, a instancias del kirchnerismo, le redujo los fondos de coparticipación a la Ciudad.
Esta nueva presentación, se sumará a la demanda de Larreta del 18 de septiembre pasado, que consistió en una acción de amparo que incluía una medida cautelar. Buscaba retrotraer el efecto de un decreto de Alberto Fernández que había dispuesto el descuento de 150 millones de pesos de diarios de coparticipación para pagar un aumento a la policía bonaerense que se había autoacuartelado. La Corte todavía no se pronunció.
El 10 de diciembre, el oficialismo y sus aliados provinciales convirtieron en ley el recorte. “Ante este nuevo atropello a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”, anunció hoy el gobierno porteño.
La ley cuestionada le quita coparticipación que Mauricio Macri le entregó a la Ciudad en 2016 para financiar la transferencia de facultades y servicios de la Policía Federal a la Capital. En su reemplazo, el kirchnerismo estableció una suma fija inicial de $24.500 millones, en doce cuotas mensuales, que se determinará todos los años en el presupuesto nacional y que se actualizará por un coeficiente relacionado con el salario de un oficial de la Policía Federal.
“La ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostiene el comunicado del gobierno porteño. Además -dice- la ley “atenta contra la autonomía de la Caba y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”.