Con un documento de 70 páginas que acaba de ser entregado en las sedes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, la ONG Será Justicia le pidió a esos organismos “el condicionamiento de cualquier tipo de financiamiento internacional” a la Argentina “a que se corrija el rumbo estipulado por el gobierno en materia institucional, se deje sin efecto el desmantelamiento institucional y se implementen acciones tendientes a fortalecer los controles y contrapesos de la República, la transparencia y la lucha contra la corrupción y el lavado de activos”.
“Con el aval expreso o implícito del gobierno argentino, el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner acelera la ejecución de un plan para apoderarse del Poder Judicial y de los organismos de control institucionales de la República Argentina, con la finalidad de lograr la impunidad en las diversas causas que la involucran junto con miembros de su familia y varios de sus allegados”, explica la carta firmada por el presidente de la organización, Raúl Aguirre Saravia, y su vicepresidenta, María Eugenia Talerico, exdirectiva de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión macrista.
“Desde antes de asumir la actual gestión de gobierno a fines de 2019, mediante falsas alusiones de haber sido víctimas de maniobras de persecución política, mediática y judicial (a las que denominan genéricamente lawfare), se inició desde el kirchnerismo una ofensiva integral tendiente a desarticular las causas penales que afectan a Cristina Kirchner, a su familia y a funcionarios afines, en todos los frentes y en simultáneo. Es necesario destacar que la inmensa mayoría de estas causas se iniciaron durante la anterior gestión presidencial del kirchnerismo”, continúa el documento.
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