La confirmación de la condena a prisión de Amado Boudou, por parte de la Corte Suprema de Justicia, cayó como una bomba de profundidad en el Frente de Todos. La coalición gubernamental sufre un cimbronazo cada vez que hay malas noticias judiciales en las causas derivadas de los dos gobiernos de Cristina Kirchner.
Los cinco jueces de la Corte declararon inadmisible el recurso de queja que presentó la defensa de Boudou. No fue ese un dato menor para quienes transitan el Palacio de Tribunales: hasta ahora, en todas las resoluciones importantes, los jueces supremos se dividían entre el “grupo de los cuatro” -Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco- y el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien quedaba en soledad ante sus colegas.
Pero en el caso de Boudou, los cinco acordaron en rechazar el planteo apelando al artículo 280 del Código Civil y Comercial, que le posibilita descartar una demanda sin dar explicaciones. El modo en que actuaron los supremos -“in limine” y en bloque- fue decodificado en el FdT como una doble comprobación: a la Corte no le cayó bien que se discutiera su funcionamiento en la “comisión Beraldi”, ni tampoco que se haya votado la reforma del Ministerio Público Fiscal en el Senado.
El aborto, con alineamiento político
El oficialismo parece alinearse detrás de la iniciativa que envió el presidente Fernández, mientras que dos años atrás Mauricio Macri habilitó el debate pero luego no bajó una línea concreta a los legisladores de Cambiemos. En la principal coalición opositora se destaca el activismo de Silvia Lospenatto a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de Carmen Polledo en contra; ambas sin diputadas nacionales del PRO.
Afuera del Congreso, el debate obligará a los gobiernos nacional y porteño a coordinar otro operativo de seguridad, tras el fracaso del que montaron en la caótica despedida de Maradona. La relación entre ambas administraciones va de mal en peor: al alcalde Horacio Rodríguez Larreta es el único mandatario que no firmó el Consenso Fiscal 2020, por el cual los gobernadores se comprometieron a no litigar contra la Nación, a cambio de poder subir los impuestos. Para firmar, el jefe de Gobierno de la ciudad tenía que desistir del reclamo judicial contra la reducción de los fondos coparticipables, lo que significa una pérdida de miles de millones para la capital federal.
Pero Larreta también proyecta un aumento a los sellos para las compras con tarjetas de crédito y la imposición de ingresos brutos a las operaciones con Leliqs, lo que le valió una crítica directa del ministro de Economía, Martín Guzmán. A su vez, los gobernadores y el Presidente perfilaron la suspensión de las Paso 2021 en un almuerzo en Olivos y ayer le terminaron de dar forma a un documento al que adhirieron 22 provincias, con la sola excepción de Mendoza y la CABA.
El proyecto debería aprobarse con mayoría absoluta en el Congreso -la mitad más uno de los votos en ambas cámaras- pero el escollo principal está en la provincia de Buenos Aires, que está enganchada a las Paso nacionales pero que no podrían ser suspendidas en la Legislatura sin el aval de JxC.
El plan de tres pasos de Alberto
En la intimidad de la quinta de Olivos, Fernández les asegura a sus acompañantes -la mayoría de las veces en almuerzos o cenas- que tiene un plan de tres pasos para encaminar su administración el año próximo: 1 -Inmunizar a la población contra el coronavirus, a través de las vacunas que están en plena elaboración; 2 -Reactivar la economía a partir del final de la pandemia; 3- Ganar las elecciones de medio término, para reafirmar un liderazgo político que está en tela de juicio.
La fuente de esa discusión no proviene de la oposición, sino del Senado, donde manda Cristina. Allí la Vice cuenta con 42 votos asegurados que le permiten ganar todas las votaciones holgadamente. Los senadores del PJ también modificaron la fórmula previsional del Gobierno, lo que beneficiará a los pasivos pero condicionó a Alberto y a Guzmán, que negocia con el FMI alguna reducción del déficit del Estado nacional.
Aunque el verdadero drama de la economía argentina es la falta de seguridad jurídica, el estancamiento y la inflación producto del déficit estatal. En definitiva, los factores que generan la pobreza que afecta casi a la mitad de los argentinos.
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