Aportantes insolventes, proveedores del Estado y concesionarios públicos que aparecen como donantes, y grupos económicos que superan el tope máximo para hacer contribuciones de campaña. Esas inconsistencias de las últimas elecciones presidenciales fueron detectadas por los auditores de la Cámara Nacional Electoral, que revisaron las cuentas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.
Después de dejar constancia escrita de esas irregularidades, los auditores de la Cámara Electoral recomendaron que la Justicia no apruebe los balances de financiamiento partidario de ninguna de las dos agrupaciones, según los documentos a los que accedió el diario La Nación.
“No nos resulta posible aconsejar la aprobación del informe final hasta que se hayan subsanado las observaciones formuladas”, escribieron.
La violación del tope máximo de donaciones permitidas que realizó el Grupo Aceitera General Deheza (AGD) es la principal controversia, una situación que atraviesa por igual a las candidaturas de Alberto Fernández y Mauricio Macri, ya que ese holding se convirtió en el principal aportante de ambas campañas
“Se presume que las siguientes personas formarían parte de un mismo grupo económico, superando en su conjunto el importe máximo establecido”, señalaron los auditores en referencia a distintas empresas del Grupo AGD que hicieron donaciones individuales menores a los nueve millones de pesos, que era el límite impuesto por la Justicia.
Sin embargo, los fondos que el holding aportó, en total, para el Frente de Todos fueron $30 millones y otros $25,5 millones para Juntos por el Cambio.
JUSTICIA ELECTORAL
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