El Gobierno argentino solicitó ayer al Fondo Monetario Internacional (FMI) el inicio de conversaciones formales para acordar un nuevo programa con el organismo multilateral, luego de haber cancelado el “descarrilado acuerdo stand by” firmado en 2018, que generó una deuda de USD 44.000 millones.
Luego de que el presidente Alberto Fernández le transmitiera la decisión oficial de avanzar con las negociaciones a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva -a través de una comunicación telefónica de la que también participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos-, el Gobierno argentino elevó la carta con el petitorio formal al organismo.
“Le estamos escribiendo para requerirle formalmente la iniciación de las consultas para acordar un nuevo Programa con el FMI que suceda al cancelado y descarrilado acuerdo “Stand By de 2018” “, subraya la carta que lleva la firma de Guzmán, Chodos y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
La confirmación del FMI llegó en las últimas horas de la tarde de ayer, a través de un comunicado en el que Georgieva sostuvo que el organismo confía en “profundizar nuestro diálogo sobre cómo podemos apoyar mejor los esfuerzos del gobierno para manejar el impacto de la pandemia, impulsar el crecimiento y la creación de empleo, y reducir la pobreza y el desempleo al tiempo que fortalecemos la estabilidad macroeconómica en beneficio de todos los argentinos”.
En la nota formal enviada al Fondo, los funcionarios argentinos remarcaron que a pesar de que la Argentina cumplió con los metas macroeconómicas en el acuerdo suscrito por la anterior gestión, el país no alcanzó la sustentabilidad.
“Entre 2017 y 2019, Argentina redujo el déficit fiscal primario del 3,8% al 0,9% del producto interno bruto, mientras que el déficit de cuenta corriente cayó del 4,8% al 0,9% del producto interno bruto”, recordaron.
Y resaltaron que “a pesar de que la Argentina cumplió con dichos criterios de cumplimiento establecidos en el stand by, la fuga de activos denominados en pesos continuó y el país no fue capaz de obtener tasas de refinanciación satisfactorias, ni de asegurar la sustentabilidad de la deuda pública, la actividad económica se contrajo por un 2,6% y un 2,1% durante 2018 y 2019 respectivamente, y la inflación del índice de precios al consumidor marcó respectivamente un 47,6% y un 53,8% para 2018 y 2019; ello combinado con una contracción monetaria sin precedentes”.
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