El proyecto de Ley de Reforma Judicial enviado por el Poder Ejecutivo y que busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal obtuvo ayer dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, y está listo para ser debatido durante la próxima sesión.
La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.
El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica.
Entre otros puntos, se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales; se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública; y se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.
No obstante, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, anunció algunos cambios a la iniciativa original, como la de otorgarle mayor transparencia a los sorteos de las causas, que deberán ser filmados; sumar las audiencias públicas a la selección de magistrados; y la no unificación de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo.
Sin embargo, no se aceptaron algunos reclamos hechos por senadores del oficialismo, como el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que pidió incorporar la exigencia a los jueces de un “plazo determinado para dictar sentencia”, así como “atribuirle la competencia de la Cámara Federal a los Tribunales Orales Federales”.
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