La Cámara Nacional en lo Criminal declaró “inconstitucional” la reforma

La Cámara Nacional en lo Criminal expresó ayer su rechazo al proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno, que prevé el traspaso de las causas penales al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por unanimidad, en un acuerdo celebrado ayer por videoconferencia, los camaristas cuestionaron también la iniciativa del Poder Ejecutivo que propone seleccionar a 23 magistrados del fuero nacional en lo criminal y correccional para cubrir, como subrogantes, los juzgados a crear en la fusión de los tribunales federales y penal económico.
La Cámara objetó de la iniciativa la “transferencia al Poder Judicial de Caba de los jueces del fuero nacional en lo criminal y correccional que acuerden con esa posibilidad, la prohibición al Consejo de la Magistratura de la Nación de convocar a concursos para cubrir cargos vacantes y la disolución de los juzgados y la reubicación de funcionarios y empleados”.
Para los camaristas, la implementación de esas medidas “ha de resentir la administración de justicia”.
Definieron como un “agravante” el hecho de que parte de la reforma impacta directamente en la “competencia” de esa cámara.
“El proyecto importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados, que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes”, advirtieron.
Sostuvieron además que, en cuanto a los funcionarios y empleados del fuero, “tampoco se contempló ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios”, lo que “se traduce en una afectación a la estabilidad en las condiciones de empleo” de los involucrados.
Los camaristas recordaron que “las únicas causales para el cese”, en el caso de los jueces, son, además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente, “su renuncia actual, expresa e incondicional presentada al Presidente de la Nación, o bien su remoción, previo enjuiciamiento, en caso de comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones”.
Consideraron también que la transferencia de jueces nacionales a la órbita local sin su consentimiento “podría generar reparos de índole constitucional, en la medida que podría verse afectado el principio de inamovilidad” y de independencia de los poderes del Estado, previstos en la ley fundamental.
Del acuerdo participaron el presidente del tribunal, Alberto Seijas, y los vocales Mariano González Palazzo, Juan Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Lucini, Mauro Divito, Ricardo Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López, Magdalena Laiño y Pablo Lucero.