El proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias comenzará a ser debatido este martes en el
El proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias comenzará a ser debatido este martes en el
CONGRESO

Inicia el debate de la Reforma Judicial y Juntos por el Cambio ratificó su rechazo

El proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias comenzará a ser debatido este martes en el Senado, con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en la primera de una serie de audiencias que continuará hasta fines de agosto.
La intención del oficialismo es escuchar los detalles que la funcionaria desplegará hoy desde las 16 en una videoconferencia que se llevará a cabo durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, y luego avanzar en una ronda de preguntas en las que se esperan algunos cuestionamientos de parte de los integrantes de la oposición. Losardo abrirá las audiencias, que continuarán durante las próximas semanas.
En tanto, los principales referentes de Juntos por el Cambio, encabezados por el expresidente Mauricio Macri, conectado desde Francia, participaron ayer de una videoconferencia en la cual ratificaron su rechazo al tratamiento de la reforma judicial.
En un comunicado emitido al término de la reunión, los dirigentes de la alianza expresaron que “Juntos por el Cambio se opone a la propuesta del Poder Ejecutivo y propone la agenda de la gente, de los miles que están perdiendo su trabajo, de los ciudadanos que sufren la inseguridad y que tienen jueces a los que solo se les ocurre liberar delincuentes”.
Para los firmantes del texto, “la llamada ‘reforma judicial’ implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $4.000 millones anuales”.

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