Un juez declaró la inconstitucionalidad de una acordada de la Cámara Federal de Casación Penal que recomendó otorgar prisiones domiciliares para casos de delitos no violentos
o presos en grupos de riesgo.
En su fallo, Germán Castelli criticó el “paternalismo jurídico” de la resolución de sus superiores, habló de “impertinencia constitucional” y afirmó que ese documento atenta contra “el principio de independencia de los jueces”, un pilar “indiscutible” para garantía de “la justa resolución de conflictos”.
“Cada magistrado y magistrada,tras el estudio del caso, continuará haciéndose cargo frente a la sociedad y la historia de las consecuencias de sus decisiones, como lo manda la Constitución Nacional”, dijo el juez Germán Castelli en un fallo que se firmó el jueves pasado, justo cuando la tensión crecía en la cárcel de Devoto y otros penales, y los presos reclamaban libertades y la presencia de los jueces de Casación.
“Más allá de las buenas intenciones de los magistrados, la impertinencia constitucional de la Acordada 9/20 aparece a simple vista, afectando, por ende, el principio de independencia de los jueces, pilar indiscutible de la Constitución Nacional, para garantía de la justa resolución de conflictos”, escribió.
La resolución demuestra el clima de tensión que había generado en los tribunales frente a los planteos de defensores para obtener excarcelaciones, libertades y arrestos domiciliarios. No pasa solo en el fuero federal. Ya un fiscal llamó a cacerolear contra una acordada similar de la Casación nacional y recibió severas críticas el fallo inicial de Casación bonaerense con un habeas corpus en favor de cientos de presos de cárceles de la provincia, que fue apelado ante la Corte provincial.
En este caso, a Castelli, un juez del Tribunal Oral Federal 7, le tocó entender -como a tantos otros magistrados- en distintos planteos de libertad que llegaron en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Lo curioso es que el juez decidió declarar la inconstitucionalidad de la acordada de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país, que el 14 de abril pasado había impulsado a los jueces de primera y segunda instancia, y a los tribunales orales a avanzar con las excarcelaciones o prisiones domiciliarias para presos de grupos de riesgo, detenidos por delitos leves y los que puedan acceder a salidas transitorias, mientras que abrió la puerta a considerar ese beneficio para los arrestados por delitos graves.
Castelli se pronunció así en el pedido que formuló un condenado por lesa humanidad, actuando como magistrado del TOF 2 de La Plata.
Y apenas un rato después repitió esa conclusión, en su condición de juez del TOF 7, al negar el arresto domiciliario que había solicitado una mujer condenada por tráfico de estupefacientes a cuatro años y medio de prisión, que -además- tenía antecedentes oncológicos y patologías diebéticas y de inmunosupresión.
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